CON LA aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo plan de descontaminación para Santiago, sólo queda que la Contraloría tome razón del mismo para que las medidas contempladas en la propuesta comiencen a ser aplicadas. Se trata de la última de una serie de iniciativas impulsadas durante los últimos 25 años para reducir los altos niveles de contaminación en la Región Metropolitana, y que han logrado sólo mitigar parcialmente un problema que afecta la calidad de vida de los habitantes de la capital. Esta vez, la nueva apuesta busca reducir a no más de cinco los episodios críticos de contaminación que enfrenta la región durante el año, muy lejos de los 51 del año pasado.

Para lograr ese objetivo se prevé la prohibición del uso de leña en 32 comunas de la Región Metropolitana y se establecen nuevas exigencias para la emisión de material particulado en el sector industrial. Además, se elevan los estándares para los buses del Transantiago (Euro VI); se crean nuevas normas para las maquinarias de construcción; y se aumenta el parque de vehículos afectados por la restricción vehicular, al incluirse a autos catalíticos anteriores a 2012 durante cuatro meses en el año -de mayo a agosto-, lo que impedirá circular diariamente a cerca de 220 mil vehículos.

El plan abrió un debate entre los expertos por los efectos reales de las nuevas normas para lograr el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en Santiago. Medidas como la restricción total de la leña, que representa el 45% de la emisión de material particulado en la Región Metropolitana en el año, son acertadas, pero dejan abiertas interrogantes como la capacidad de la autoridad para fiscalizar su cumplimiento y la falta de un plan de reconversión efectivo para hogares que hoy dependen de ese combustible. El intendente aseguró que se analiza algún tipo de subsidio, pero no dio claridad sobre sus alcances.

La mayor polémica, sin embargo, se ha centrado en la restricción para autos catalíticos, que afectará en total a cerca de un millón de vehículos. Resulta discutible que la autoridad ponga especial interés en ese punto, considerando el efecto menor que produce en el total de emisiones contaminantes. Los vehículos livianos emiten al año 467 toneladas de material particulado fino, lejos de las 1.872 toneladas de la leña o de las 1.630 de la maquinaria de construcción. Si bien habrá una leve reducción de contaminantes, su mayor efecto será en la menor congestión -punto que no fue explicitado por la autoridad. No quedan claras, asimismo, las razones de fijar como fecha límite 2012. Sería más eficaz fijar estándares de emisiones y un número de años de antigüedad en lugar de una fecha.

Además, si con el plan se busca desincentivar efectivamente el uso del automóvil, la autoridad debería ofrecer una alternativa real de transporte público para quienes dejen su vehículo en casa. Pero como ello hoy no sucede, las nuevas medidas pueden terminar incentivando la compra de un segundo o tercer automóvil, lo que agravaría aún más la contaminación y la congestión.