El Presidente del Senado ha formulado una propuesta para establecer mayores contrapesos en el nombramiento de algunas autoridades,  actualmente designadas por el Presidente, y limitaciones a las urgencias que eviten la manipulación de la agenda legislativa en los períodos electorales.

En el caso de los nombramientos se trata de un planteamiento positivo y que, unido a una regla de mayor transparencia en el proceso de nominación, sería un avance importante por la relevancia de las tareas asignadas a esas autoridades. En lo referido a las urgencias, no parece necesario establecer una limitación a esta facultad presidencial, porque ella podría ser negativa en ciertas circunstancias y porque su eventual mal uso debe ser más bien materia del debate público.

En el caso de los cargos, se plantea que el director del Registro Civil y el Fiscal Nacional Económico sigan siendo propuestos por el Presidente de la República, pero que para ser nombrados en el cargo requieran la ratificación previa del Senado. Respecto del director del Servicio Electoral se plantea un quórum más alto para esa ratificación, ya requerida hoy.

En los dos primeros cargos, es adecuado que la propuesta y la remoción siga en manos del Ejecutivo, para no dificultar ni limitar las atribuciones con que éste debe contar para llevar adelante su tarea gubernativa. 

Lo que se persigue con estos cambios es que los nombrados den garantía de idoneidad. En el caso del Servicio Electoral, esta garantía será ahora más importante, considerando la vigencia de la inscripción automática y el voto voluntario. En el Registro Civil, a su vez, se trata de dar protección a los delicados datos que maneja y, probablemente, evitar que se repitan los casos de corrupción recientes. 

Respecto del Fiscal Nacional Económico también resulta adecuada la proposición, ya que sucesivas reformas le han conferido amplísimas facultades que conviene estén bajo la responsabilidad de una autoridad seleccionada conforme a estándares técnicos y alejados de criterios  de otra naturaleza.
Es deseable que estos cambios sean acompañados de normas y prácticas exigentes respecto a las audiencias que deberían realizarse previamente a someter sus nombramientos al Senado, porque ellas son una herramienta valiosísima a la hora de determinar las reales capacidades de los candidatos y para que la opinión pública pueda formarse un juicio al respecto.

La propuesta también plantea limitar las urgencias que el Ejecutivo puede asignar a los proyectos de ley, prohibiendo que las más exigentes -discusión inmediata y suma urgencia- puedan imponerse en los 60 días anteriores a una elección. Además, se propone facultar a los parlamentarios para asignarlas, siempre subordinadas a las que califique el Presidente.

No parece necesario el primer límite a las urgencias, porque su  mal uso con fines electorales es una práctica que debe ser sancionada en el debate político, asumiendo cada sector su responsabilidad frente al electorado. Hay que considerar, en el sentido contrario, que el Congreso también podría obstaculizar los proyectos del gobierno en períodos preelectorales. Por eso la limitación no es la vía adecuada y podría llevar hacia una inconveniente rigidez legislativa.

La posibilidad de que los parlamentarios asignen urgencia a  los proyectos es, en cambio, una idea interesante para hacer más eficiente el trámite legislativo, pero debería evaluarse con detención por el hecho que se plantea que sea decidida por la mayoría en cada sala. Ese sistema puede dejar en una situación muy disminuida a la minoría, lo que, unido a las facultades que ya tiene el Ejecutivo, supone el riesgo de que la iniciativa legislativa quede muy concentrada. 

Las ideas planteadas deben motivar análisis y avanzarse en los cambios antes de que entre en funciones el nuevo gobierno, especialmente para que en él se apliquen las normas referidas a los mayores contrapesos y transparencia en los nombramientos.