LA COMISION Pro Movilidad Urbana conformada a mediados del año pasado con el objetivo de diseñar un plan para enfrentar la congestión vehicular en los principales centros urbanos del país, entregó hace unos días su informe final a la Presidenta Bachelet, el cual contiene una serie de propuestas en esta materia. Considerando que al 2020 se proyecta que en Chile habrá un parque automotriz cercano a los siete millones de vehículos -en la actualidad son 4 millones 200 mil-, y que la infraestructura vial no será suficiente para soportar ese nivel de crecimiento, es razonable que el Estado se anticipe a esta realidad y busque mecanismos para mitigar el impacto que este proceso ya está provocando en muchas ciudades.

Promover el uso racional del automóvil y fomentar el sistema de transporte público asoman como los desafíos centrales dentro del Plan Nacional de Movilidad Urbana que se pretende implementar a partir de las recomendaciones que hizo la comisión. En este sentido, llama la atención que siendo estos los principales objetivos que se persiguen, el "privilegiar y mejorar el transporte público masivo" sea una más de las múltiples propuestas que plantea dicha instancia, en circunstancias que debiese ser un tema prioritario para lograr el objetivo de que se desincentive el uso del automóvil. Ello no ocurrirá si acaso el transporte público no mejora sustancialmente la calidad del servicio y extiende su cobertura.

Parte de las iniciativas que contempla el plan apuntan a castigar el uso del automóvil. Una de las iniciativas que propone la comisión y que puede resultar útil es la tarificación vial. Es un paso valioso que se acepte el principio de que es eficiente pagar para transitar por ciertas calles, porque además de liberar recursos que el Estado puede invertir en otros usos socialmente rentables, se aleja del prejuicio de que no es correcto el cobro por el uso de bienes públicos. En cambio, es discutible la medida que busca gravar la compra de un segundo automóvil, porque con ello se penaliza la tenencia de un vehículo, con independencia de su uso, por lo que parece inútil para los fines que se buscan.

La comisión plantea, además, otras iniciativas que requieren ser analizadas con mayor detención. Una de ellas es la creación de una autoridad metropolitana que supervise los temas de transporte, infraestructura y vivienda. Es muy importante que se despeje con claridad cuál sería el rol y las potestades que cumpliría dicha autoridad. En la medida que se trate de una figura para coordinar los distintos organismos involucrados en el plan de movilidad urbana, que realice propuestas y  un seguimiento de las mismas, su creación parece valiosa. Pero si se trata de una autoridad superior en el que se concentren múltiples facultades, existe el riesgo de que se superpongan funciones con otros estamentos y se desnaturalice su rol.

También es necesario revisar aquella medida que pretende consagrar como un derecho el que los ciudadanos cuenten  con conectividad  y los medios para movilizarse. Imponer al Estado una obligación de este tipo resulta extremadamente peligroso, ya que éste no tiene cómo garantizar su cumplimiento, siendo el Transantiago el ejemplo más evidente de aquello.