UN FUERTE rechazo de parte de los rectores de las 25 universidades integrantes del Consejo de Rectores (Cruch) provocó el proyecto de ley de Presupuesto 2015 enviado por el gobierno al Congreso. El origen de las molestias se debe a que en la iniciativa se estaría prescindiendo de un acuerdo del 2011 entre dicha asociación y la administración anterior en cuanto a que durante 10 años se reajustarían en un 5% los aportes basales (Aporte Fiscal Directo) del Estado a estas instituciones, mientras que la propuesta actual contempla para el próximo año un incremento del 3% nominal. Con ello, las instituciones universitarias dicen que se verán afectadas diversas partidas, entre ellas, las que destinan para investigación y docencia.

Los integrantes del Cruch decidieron actuar juntos y anunciaron que pedirán una reunión con el ministro de Educación para zanjar este tema. Este acuerdo de actuación conjunta contrasta con las notorias diferencias que, hasta hace pocos días, existían  entre los planteles estatales y el resto de las universidades tradicionales, pues estas últimas habían reclamado que en el Presupuesto 2015 se estaba privilegiando a las del Estado. Esta controversia no es inédita, ya que tiene como antecedente el hecho de que hace algunos meses los rectores de las universidades tradicionales privadas del Cruch hicieron ver un "quiebre de confianzas" al interior del organismo, luego que las entidades estatales solicitaran un trato preferencial en la entrega de recursos públicos.

En esa controversia pareció  vislumbrarse una positiva señal de que las actuaciones en bloque ya no resultan adecuadas, optando las universidades no estatales por promover la eliminación de los privilegios y discriminaciones injustificadas que presenta hoy el sistema universitario. El que nuevamente se vuelva a una actuación conjunta que mire sólo los intereses del Cruch es desalentador, pues con ello se ignora el legítimo derecho del resto de las universidades privadas e institutos profesionales a que la distribución de aportes tenga criterios de fondo y no la sola definición jurídica o la propiedad de las entidades. Asimismo, resulta cuestionable que el Cruch pretenda que el Estado incremente el Aporte Fiscal Directo -actualmente son $ 200 mil millones- a sus instituciones, pero que esos montos no estén sujetos al cumplimiento de metas y objetivos precisos.

Las actuaciones excluyentes del Cruch han repercutido también en otros ámbitos, como el sistema de admisión, donde el Consejo de Rectores es quien maneja de manera discrecional el mecanismo de ingreso y define qué casas de estudio pueden formar parte de él, impidiendo en los últimos años la incorporación de varias instituciones que quieren formar parte del proceso. Si el propósito del Cruch es aportar efectivamente al mejoramiento de la educación superior, más que defender los intereses particulares de sus planteles, debiese propender hacia una mayor integración del sistema en su conjunto.

Esta controversia por los recursos públicos es sólo una muestra de lo que podría ocurrir si es que se llega a aprobar la propuesta de gratuidad universal en el nivel terciario que está impulsando el gobierno a través de la reforma educacional, pues con ello las universidades dependerán de los criterios que fije el Estado para obtener fondos, lo que previsiblemente profundizaría las discriminaciones y afectaría la autonomía de los planteles respecto del Estado.