RECIENTEMENTE, el Congreso despachó la primera de las grandes reformas con las que el gobierno se ha propuesto perfeccionar nuestra democracia: la que crea un sistema de inscripción automática que, una vez vigente, dará al voto carácter voluntario.

Casi todos han celebrado la inscripción automática, cuya relevancia y ventajas son evidentes. Hoy está inscrito el 65% de las personas con derecho a voto, mientras 4,5 millones permanecen fuera de los registros electorales. La ley aprobada dará lugar a la mayor expansión del padrón electoral de nuestra historia y hará que, por primera vez, éste acoja al 100% de quienes tienen derecho a sufragio.

Pero se han oído voces contra el voto voluntario, aunque esgrimiendo argumentos que distan de ser concluyentes y hasta hacen pensar que tras ellos palpita el temor ante ciudadanos más libres.

Se ha dicho que votar es un deber de quienes viven en comunidad, semejante al de pagar impuestos. Pero quienes no pagan impuestos privan al Estado de los recursos que requiere para funcionar, mientras los que no votan no entraban el desenvolvimiento de la democracia, sino que delegan la decisión en los que participan.

Aunque es deseable el surgimiento de una extendida conciencia cívica, imponer la obligación de votar bajo la amenaza de castigos no parece ser el mejor modo de lograrla en el contexto de una sociedad democrática.

También se ha dicho que la participación caerá aún más. Aunque es probable que se vuelva más oscilante, la evidencia empírica no respalda ese oscuro presagio. Hay tres países hispanos que cuentan con inscripción automática y voto voluntario: España, Nicaragua y Colombia. En el primero, la participación en elecciones generales alcanza en promedio al 77%, y en el segundo, al 82%. En Chile, en la elección presidencial de 2009 participó sólo el 60% de la población en edad de votar. Sólo en Colombia, donde el sistema de inscripción no es perfectamente automático, la participación es baja y se sitúa alrededor del 45%.

Se ha dicho que los pobres votarán menos y resultarán perjudicados. Ese argumento asume la vergonzosa premisa de que las personas más necesitadas son como niños a los que no se les puede dar libertad, porque no son capaces de identificar qué les conviene. Además, la evidencia no corrobora que los países con voto voluntario tengan mayores desigualdades ni más pobreza; más bien ocurre lo contrario.

Se ha llegado a decir que nos aguarda una tragedia política y social, pero el 82% de los países de la Ocde, entre los que están las mejores y más estables democracias del planeta, tiene voto voluntario. De modo que la oposición al voto voluntario no tiene sustento en los principios democráticos ni en la evidencia empírica.

Además, es políticamente insensata, pues obligar a votar so pena de castigos a los 4,5 millones de chilenos no inscritos sería la mejor manera de asegurar su aversión hacia las instituciones políticas, a las que se espera que aprecien. Es preferible remover obstáculos innecesarios y ganar su favor mediante una política seria que no busque cobijarse detrás de electores cautivos.