A diez años del 27F: Normativa sísmica y deudas en regulación

Santiago - Lo Barnechea



A diez años del 27F, podemos decir que nuestro país ha avanzado en materia de reducción del riesgo de desastres vinculados a grandes sismos y tsunamis. En efecto, es correcto reconocer los esfuerzos desplegados a lo largo de la pasada década en modernizar e incrementar las capacidades tecnológicas, humanas e institucionales de entidades clave como el SHOA, la ONEMI y el Centro Sismológico Nacional.

Sin duda que estos esfuerzos deben continuar e incrementarse, en particular lo concerniente al monitoreo sísmico y oceanográfico de nuestra tierra y de nuestro mar. Basta recordar que gracias al monitoreo geodésico, es decir, de las deformaciones milimétricas que sufre la placa Sudamericana al ser cargada -o empujada- tectónicamente por la placa de Nazca, en el intento de esta última por meterse bajo la primera, en 2009 sismólogos franceses y chilenos publicaron que la región ubicada frente a Concepción-Constitución, estaba lista para generar un terremoto de magnitud considerable (8-8,5).

El 27 de febrero de 2010 la ruptura tectónica se propagó por poco más de 2 minutos a lo largo del contacto de subducción entre estas dos placas, generando un terremoto de magnitud 8,8 con fuertes movimientos sísmicos que en algunas zonas fueron amplificados en intensidad y tiempo de duración, por efecto de la constitución local del suelo. El registro instrumental, junto con las observaciones de los daños sufridos por la infraestructura, motivó un cambio en la Norma Sísmica NCh433, que en su nueva versión de 2012 incorporó la necesidad de realizar ensayos geotécnicos, es decir, de contextura del suelo, para considerar sus potenciales efectos en el diseño de edificios, ante solicitudes sísmicas de grandes terremotos que por cierto nuevamente vendrán. Una vez aplicados, cambios como este, producto de revisiones rigurosas basadas en el conocimiento científico y técnico, contribuyen al avance de nuestro país en materia de resiliencia.

Pero las falencias persisten en regulación y aprendizajes. Estudios geológicos y de monitoreo sísmico, incluyendo aquellos realizados para la Seremi-Minvu (2011-2012) y gracias al Centro Sismológico Nacional-ONEMI (2016-2019), confirman de modo cada vez más contundente el carácter activo y la importancia -en cuanto a su potencial sismogénico- de la Falla San Ramón; una falla ubicada justo a los pies del frente cordillerano de Santiago que, a diferencia del contacto de subducción entre las placas tectónicas, rompe la parte superior de la placa Sudamericana, pudiendo generar terremotos más espaciados en el tiempo y de menor magnitud (7,2-7,5), pero con un impacto local mucho mayor, incluyendo rupturas de varios metros en la superficie del suelo a lo largo de decenas de kilómetros. Resultados recientes están mostrando fallas activas similares en las regiones ubicadas tanto hacia el sur (Mesamávida) como hacia el norte (Cariño Botado), corroborando la importancia tectónica del frente cordillerano.

Santiago se monta cada vez más, en forma acelerada y preocupante sobre la Falla San Ramón, que como una serpiente dormida, en algún momento despertará para sacudirse y recordarnos que, en este sentido, la naturaleza no distingue jerarquías sociales ni económicas, credos, ni filiación política alguna, y que si bien la resiliencia es tarea de todas y todos quienes conformamos esta patria, el diseño y la aplicación de políticas públicas virtuosas, fundadas en el conocimiento científico y técnico, requiere de un marco regulatorio renovado y del compromiso de las autoridades con la sostenibilidad de la nación.

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