Acusación constitucional por retorno a clases

Un grupo de parlamentarios de oposición ha anunciado la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, entre otras razones por los constantes llamados que ha hecho para el pronto retorno a clases, lo que a juicio de los legisladores expone gravemente la salud de estudiantes y profesores, pues no están las condiciones para un retorno seguro. Asimismo, también se estudia acusar al ministro por abandono de deberes ante la falta de una legislación especial, que a juicio de los acusadores ha llevado a que numerosos establecimientos no hayan podido recibir las subvenciones respectivas ante la imposibilidad de tener clases presenciales.

Más allá de que una acusación de este tipo está destinada al fracaso, debido a que no se ve posible que en el Senado existan votos suficientes para declarar la culpabilidad del ministro, la señal que está enviando este grupo de parlamentarios resulta de especial gravedad, buscando sacar ventajas políticas de una situación que debería estar completamente apartada de las consideraciones de corto plazo, y centrada en velar por el bienestar de los alumnos.

Existe un amplio consenso entre expertos, así como de organismos internacionales, en cuanto a la necesidad de que los alumnos retornen lo antes posible a los colegios, debido al grave daño psicológico y en aprendizajes que la ausencia de clases presenciales está provocando. Este fenómeno se ha dejado sentir alrededor de todo el mundo, pero ha sido especialmente en América Latina -como lo han documentado informes de la Unicef- donde la pérdida de horas escolares ha sido más intensa. Para el caso de Chile, ya existe evidencia concreta que muestra el grave deterioro en los niveles de aprendizaje -sobre todo en matemáticas-, así como los efectos sobre la salud mental y desde luego en los propios procesos formativos, ante la pérdida de espacios de socialización. A ello cabe agregar el aumento de casos de violencia intrafamiliar.

Frente a esta evidencia abrumadora, el ministro de Educación no podría sino empeñarse en un pronto retorno a clases; si es que la autoridad se resistiese a ello, entonces probablemente habría fundamentos para una acusación como la que se ha planteado. Pero pretender la destitución de una autoridad por cumplir con su mandato -que es asegurar la normalidad del sistema educacional- no solo resulta conceptualmente absurdo, sino que coloca a este caso como una verdadera rareza a nivel internacional.

Cuando ya el 70% de la población objetivo ha completado el esquema de vacunación -desde luego todos los docentes ya están inoculados-, y frente a la evidencia de que los colegios no son grandes focos de contagio, ya no hay excusa para no empeñar todas las capacidades para el regreso a clases, adoptando todos los resguardos sanitarios del caso. Sin embargo, la obstinación del Colegio de Profesores, a la que lamentablemente parece sumarse ahora una parte del Congreso, entraban este paso y con ello perjudican cada día más a los alumnos y sus familias.

Además de todo este daño para el sistema educacional, es lamentable que el expediente de las acusaciones constitucionales continúe utilizándose como arma puramente política -de concretarse, sería la sexta contra un ministro de Estado bajo la actual administración, además de las que fue objeto el propio Presidente de la República y el intendente de la Región Metropolitana-, desnaturalizando por completo el sentido de esta herramienta.