AFP y retiro de fondos

Las autoridades impusieron a las AFP plazos muy breves para poner a disposición de los cotizantes los recursos que la reforma constitucional autorizó a retirar de las cuentas individuales. Éstas cumplieron, completando en 10 días hábiles el pago a 6.168.019 afiliados y beneficiarios,  correspondiente al 70% de quienes han pedido retiros y cuyas solicitudes fueron acogidas, por un monto total equivalente a US$ 8.230 millones.

Más allá de las negativas consecuencias que tendrá el haber autorizado el retiro de fondos para pensiones, en circunstancias que estos son reconocidamente insuficientes para financiar las aspiraciones de jubilación de los trabajadores, lo que pone sobre el Estado una enorme carga financiera que ahora se ha visto agravada, el episodio de retiro del 10% está dejando lecciones.

Una primera es la validación de la noción de que hay una gran ventaja en organizar el acceso de la población a bienes y servicios de relevancia social sobre la base de un Estado que regula y fiscaliza, y entidades privadas que otorgan las prestaciones. Esta organización permite que el Estado pueda regular en forma adecuada y, luego, fiscalizar con independencia, situación esta última que se hace muy difícil cuando la prestación es otorgada por un ente estatal, tal que coinciden fiscalizador y fiscalizado, ambos tendiendo a protegerse mutuamente. Luego, igualmente importante, esta forma organizacional utiliza la pujanza propia de entidades con fines de lucro en favor de la eficiencia y seguridad en los procesos que se quiere asegurar. 

En otra lección esclarecedora, las AFP mostraron que los recursos estaban, que habían crecido por una buena gestión de inversiones, y que sus dueños podían disponer de ellos con oportunidad y seguridad, si así lo disponían las regulaciones que deben acatar, contradiciendo imputaciones en contrario que probaron ser totalmente falsas. Lo obrado por las AFP contrastó con la típica menor eficiencia y responsabilidad por los procesos a su cargo en el caso de entes estatales, como se comprueba en el caso de la salud, educación y numerosas otras áreas. También parece ser un hecho que los afiliados han tomado mayor conciencia sobre la propiedad de sus fondos, pues hasta antes de esta reforma una proporción importante equivocadamente pensaba que los ahorros eran propiedad de las AFP, distorsionándose el sentido de la capitalización individual.

Por cierto, este buen desempeño de las AFP no resuelve el problema (ahora agravado) de acumulación insuficiente de recursos para pensiones. Tampoco afecta la necesidad percibida de cambiar las condiciones de competencia entre AFP, así como de avanzar hacia un nuevo sistema previsional, donde -tal como se ha advertido en estas mismas páginas- será necesario complementar con un pilar estatal reforzado financiado con cargo a fondos de la nación para asegurar una pensión base general suficientemente digna. Todo ello sin perjuicio de mantener las bases de la capitalización individual, en cuyo contexto las AFP pueden seguir desempeñando un rol relevante.