Aprender de la pandemia


Manuel José Irarrázaval es Director del Centro de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián.

La pandemia de Covid-19 estimuló cambios en la gestión de la salud, al forzar la adopción de medidas innovadoras, que demostraron ser muy eficaces para brindar la atención a los pacientes con enfermedades respiratorias en los recintos hospitalarios.

Sin embargo, como efecto colateral de las cuarentenas y la contagiosidad del virus SARS-CoV-2, tenemos en este momento otro problema de gravedad: la postergación de consultas de otras patologías que de no atenderse oportunamente pueden implicar serias consecuencias. Hablamos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, depresión, todas ellas con garantía AUGE.

Nuevamente debemos innovar en la gestión, como ya lo está haciendo el Ministerio de Salud, pero se requiere un mayor alcance y rapidez de respuesta, que implica adoptar medidas que requieren de consenso para poder avanzar.

Actualmente hay 200 mil cirugías postergadas, muchas correspondientes a prestaciones AUGE para las cuales existe una obligación legal, no cumplida. El enorme esfuerzo de implementación tecnológica y muy particularmente de incorporación de más profesionales entrenados, ofrece una buena oportunidad de reorganizar esos talentos y recursos, para acoger las sugerencias de la Comisión Nacional de Productividad, que propuso alargar la jornada de uso de los pabellones quirúrgicos, más allá de las cinco horas actuales. Esta mejor gestión de uno de los recursos más costosos y subutilizados permitiría resolver esta lista de espera mucho más rápido.

Las más de dos millones de consultas pendientes, podrían ser aliviadas con una implementación más sistemática de la Telemedicina. La cuarentena nos ha familiarizado con esta tecnología, y su aplicación protocolizada debería ser una importante ayuda. Sin embargo, probablemente más efectivo aún, sería potenciar la colaboración público-privada, que ha sido tan eficiente. Esto requiere una actualización de los aranceles de Fonasa que en la actualidad cubren menos del 50% de costo real de las prestaciones. Adicionalmente deberíamos implementar una metodología de pago eficiente a través del uso de convenios GRD.

Hace casi un año que está pendiente en su tramitación, el proyecto de ley que crea el seguro catastrófico para los beneficiarios de Fonasa que mejora el acceso a procedimientos quirúrgicos y que focaliza los recursos estatales en las personas más vulnerables y postergadas, sería el momento de aprobarlo.

También sería bueno revisar si todas las exigencias del Código Sanitario son razonables actualmente. ¿No será posible transferir algunas capacidades de diagnóstico y tratamiento en circunstancias bien definidas, a enfermeras, matronas, kinesiólogos, nutricionistas, focalizando las actividades de los médicos en aquellas áreas en que su entrenamiento sea irreemplazable?

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