SEÑOR DIRECTOR:

Hemos visto cómo en los últimos días se han materializado atentados graves a la infraestructura crítica del país a través de artefactos explosivos: dos de ellos derribaron torres de alta tensión en Valparaíso y Arauco, y el tercero afectó un puente ferroviario en Ñuble. Esto da cuenta de que la amenaza delictual mutó y que ya no es una delincuencia común. De ahí que se deban incorporar todas las herramientas del Estado para enfrentar las nuevas y peligrosas amenazas, como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

Resulta inexplicable que habiéndose aprobado la Ley 21.542, reforma constitucional que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, esta no pueda utilizarse hoy bajo ningún aspecto debido a que el gobierno aún no ha ingresado a tramitación legislativa la ley que la implementa. Lo más complejo es que tampoco está dentro de la agenda legislativa de seguridad priorizada (fast track legislativo).

En simple, si continúan los atentados a infraestructura crítica no podrían utilizarse las Fuerzas Armadas para protegerla debido a una desidia inaceptable del Ejecutivo; poder del Estado que tampoco ha dado urgencia a la reforma legislativa que permite enfrentar las amenazas contra barrios críticos, como ha ocurrido en Calama o Antofagasta (Boletín 15.894-07).

Así las cosas, el llamado al gobierno es a no esperar a que la amenaza delictual siga escalando y a ingresar prontamente la ley que regula la protección de infraestructura crítica por medio de las Fuerzas Armadas; y, por supuesto, a dar urgencia al resguardo de los barrios críticos. La demora puede ser muy peligrosa.

Paulina Núñez U.

Senadora RN