En política una de las formas más eficaces de justificar una decisión (o un gasto) es instalar una necesidad. Así lo ha hecho la administración Trump en Estados Unidos al construir su narrativa para “volver a ser grandes” y posicionar, tras esa necesidad, su guerra comercial con China; la imposición de aranceles unilaterales a medio mundo; los golpes en la mesa de sus otrora aliados más cercanos; la “extracción” de Nicolás Maduro o las exigencias a lo que considera su patio trasero: nosotros.

Washington ha hecho explícita una política que busca que sus aliados de la OTAN asuman mayores costos en defensa y, al mismo tiempo, que ese mayor gasto fortalezca a la industria militar estadounidense. Y de nosotros, “Escudo de las Américas” mediante, espera el mismo desembolso, al tiempo que extiende sus advertencias al terreno tecnológico y de las telecomunicaciones.

Este estado de las cosas se ha visto condimentado por los sucesivos “errores” de Argentina en lo referente a la soberanía de Chile en la zona austral y antártica, y ha conseguido que la oposición vea en el concepto de “soberanía” un filón para presionar al gobierno. Incluso parlamentarios que hasta hace poco hablaban en lenguaje inclusivo sobre el derecho a migrar ofician ahora a Cancillería para que se ponga firme con Argentina.

En este contexto es que Chile ha comenzado a discutir sus “brechas” militares y con esa música de fondo nos imponemos que la Fuerza Aérea estudia al F-35 como una alternativa para reemplazar aviones que cumplen medio siglo de servicio. Y aunque los hechos lo hacen parecer un paso más que razonable, (Perú avanza en una fuerte modernización de su aviación de combate; Argentina incorporó F-16 y estrecha su relación de cooperación militar con Washington) vale la pena hacerse la pregunta sobre la pertinencia de esta adquisición.

Se trata de una duda razonable, sobre todo cuando el gobierno prepara para 2027 un presupuesto en extremo restrictivo, después de aplicar un ajuste transversal que tendrá efectos permanentes y que tiene a dos ministros de carteras sensibles (Vivienda y Salud) disputando públicamente recursos escasos mientras el país comienza a familiarizarse con la idea de comprar el avión de combate más sofisticado de Estados Unidos.

No cabe duda de que Chile debe mantener capacidad disuasiva, renovar material obsoleto y observar un vecindario que se está moviendo. Pero ello no implica convertir una secuencia de hechos reales en una sensación de urgencia que haga aparecer como inevitable una decisión extraordinariamente costosa y con implicancias estratégicas de largo plazo.

Cada peso tiene un uso alternativo y ese principio, repetido por el gobierno para justificar sus recortes, no puede suspenderse cuando el gasto va a otro lado. Si Salud debe explicar por qué necesita más recursos, si Vivienda debe justificar cada aumento, Defensa debe enfrentar el mismo estándar.

La discusión entonces no es si el F-35 es o no un gran avión. Tampoco si Chile necesita Fuerzas Armadas modernas. La pregunta es si, en el Chile fiscal de 2027, esa es la prioridad. Y, sobre todo, si nuestras decisiones estratégicas las definimos nosotros o terminamos adoptando, casi sin advertirlo, las prioridades industriales y geopolíticas empujadas por otros.

Por Camilo Feres, Director de Asuntos Políticos y Sociales de Azerta