La instalación del nuevo gobierno del Presidente Kast está en marcha y ya se observan movimientos destinados a cambiar la dirección del país en seguridad, economía y en el ámbito social. El programa del presidente electo expresaba: “La crisis de un Estado que, en lugar de ser un motor del desarrollo, se ha transformado en un obstáculo, atrapado en su burocracia, obsesión regulatoria y gasto público desbordado que no mejora la vida de nadie”.

Sin lugar a dudas, este diagnóstico llevará a un nuevo horizonte las políticas públicas, marcado por la simplificación regulatoria, cambios en las normas sobre silencio administrativo y, en definitiva, un rediseño de la actividad estatal. Se prevé un modelo de intervención del Estado más restringido y focalizado, que probablemente privilegiará estructuras normativas más flexibles, con menor densidad regulatoria y mayor apertura al mercado.

Este nuevo horizonte podría exigir decisiones y ajustes en entidades administrativas claves, destacando la facultad de remoción de jefes de servicio de la que goza el Presidente, usando las “doce balas de plata” conforme a la normativa vigente.

El ejercicio de esta facultad no es fruto de una ensoñación autoritaria ni debiese sorprender a nadie. Históricamente, prioriza la conducción económica y social del país. Así lo hizo el Presidente Piñera en su segundo mandato con Fonasa, el Instituto Nacional de Deportes, Conadi, Sename, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Educación, Indap, Sernac, el INE, la Tesorería General de la República y la Fiscalía del MOP.

Lo mismo hizo el Presidente Boric en 2022 al designar nuevas jefaturas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), SEA, la Comisión Nacional de Riego, el Instituto de Desarrollo Agropecuario e InvestChile.

A semanas del cambio de gobierno, han surgido trascendidos que confirman esta tendencia, centrados en una eventual renovación de las jefaturas de la Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de Migraciones, SEA, la Superintendencia de Medioambiente, la Dirección General de Obras Públicas, el SII, Fonasa, la Superintendencia de Pensiones y Sernac.

A ello se sumará la designación de otras autoridades que conforman la institucionalidad económica del país, como las jefaturas de Corfo, el Sistema de Empresas Públicas, el INE, la Fiscalía Nacional Económica (cuyo mandato finaliza en 2027), los consejeros del Banco Central y el Directorio de Codelco.

Este nuevo escenario presenta desafíos que marcarán los próximos años, considerando la necesidad de contar con normativa secundaria para la implementación efectiva de un conjunto de leyes recientes o en tramitación, en materia de permisos sectoriales, ciberseguridad, seguridad privada, protección de datos personales, finanzas abiertas y otras.

Con todo, el diseño y el rumbo de la economía siempre exigen avanzar sobre la base de consensos, en los cuales resulta esencial concebir la regulación no como un obstáculo contrapuesto al libre emprendimiento, sino como una herramienta habilitante, orientada a permitir el desarrollo ordenado de determinados mercados, corregir fallas de mercado y promover condiciones efectivas de competencia, innovación y confianza. Bajo esta lógica, y sin desaparecer, la regulación debiera evitar ser un freno para transformarse en un instrumento de arquitectura institucional, capaz de alinear eficiencia económica, protección de bienes públicos y dinamismo competitivo.

En tal sentido, la simplificación y coordinación regulatoria debiera ser una de las primeras misiones que el nuevo Presidente debiera cumplir dentro de sus primeros 100 días de gobierno.

*Cristián Reyes Cid es socio de Aninat Abogados, y Óscar Gárate es director del área de regulatorio económico de Aninat Abogados y profesor de derecho regulatorio de UDP.