Al cierre de 2018, apenas 119 personas donaron sus órganos, el registro más bajo en los últimos cinco años, lo que naturalmente ha sido fuente de preocupación, sobre todo considerando que a comienzos del año pasado existía júbilo por el aumento en el número de donantes en 2017, que llegó a 457. Los expertos aún debaten sobre las razones del fenómeno, lo que urge abordar debido a que unas dos mil personas están a la espera de un órgano, muchas de las cuales dependen críticamente de ello para continuar viviendo.

Chile ha estado en general lejos de las tasas de donación que registran países más desarrollados -entre 20 y 30 donantes por millón de habitantes, contra menos de diez por millón en el caso chileno-, y pese a los esfuerzos que se han hecho para facilitar las donaciones, ha sido difícil sensibilizar a la población sobre la importancia de masificar esta alternativa. En su raíz probablemente hay todavía desconocimiento sobre cómo opera el sistema de las donaciones y temor respecto a los procedimientos, en particular dificultades para la adecuada comprensión del concepto de “muerte cerebral”.

Pero probablemente han sido los sucesivos cambios en la legislación lo que ha generado las mayores dificultades, creando confusión. Había expectativas de que a partir de la ley 19.451 (1996), existiría mayor certeza, ya que las personas tenían que manifestar su voluntad de ser donantes. En 2010 se modificó la regla, tal que todo adulto sería donante por ley, a menos que manifestara lo contrario en un registro nacional de no donantes, el que sorpresivamente alcanzó las cuatro millones de personas. Con el tiempo hubo críticas respecto a la forma como se construyó dicho registro, fundamentalmente a partir de declaraciones al momento de renovar documentos como la cédula de identidad o la licencia de conducir. Se estimó que muchas personas manifestaron su deseo de no ser donantes sin la adecuada comprensión o meditación, y por ello se hizo una siguiente modificación legal en 2013, de tal manera que quienes no quisieran ser donantes deberían concurrir a manifestarlo mediante trámite notarial, manteniéndose el stock ya existente de no donantes.

Un dictamen de la Contraloría General de la República en 2017 hizo aún más complejo el proceso -algunos especialistas lo atribuyen como el factor más incidente en la caída de las donaciones durante 2018-, al impedir que los médicos pudiesen consultar a las familias de un fallecido que estuviera registrado como no donante. El ente contralor rectificó dicho dictamen, aceptando que dicho registro podría no reflejar bien la última voluntad del fallecido, lo que debería agilizar los procedimientos.

El Congreso acaba de despachar una nueva iniciativa legal, con el fin de depurar el registro de no donantes. En esencia, cada persona que figure en dicho registro será notificada por carta de su condición, y tendrá un plazo de 12 meses para ratificar su voluntad de continuar como no donante. De lo contrario, pasará a ser donante pleno. Este reciente perfeccionamiento legal es un paso en la dirección correcta, pero es indispensable que se refuerce con campañas educativas y la adecuada sensibilización.