El Presidente Gabriel Boric presentó lo que ha denominado un “pacto fiscal”. Se trata no solo de una reforma tributaria, sino de una propuesta basada en un proceso amplio de diálogo con distintos sectores económicos, políticos y sociales para aumentar la recaudación del Estado y, así, poder dar respuesta a los grandes desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad social (pensiones y salud), seguridad ciudadana y crecimiento sustentable. Esto, aumentando los niveles de transparencia y eficiencia de la recaudación y el gasto.
El anuncio se da en el marco de un contexto desfavorable: control de la agenda legislativa y mediática por parte de la oposición, una economía debilitada, y casos de irregularidades en la asignación de recursos públicos que el propio ministro de Justicia catalogó como actos de corrupción. Se ha utilizado este contexto para levantar el viejo argumento, sugerente pero falaz, de que se debe reducir el Estado tanto para aumentar el crecimiento como para limitar el mal uso de recursos públicos. Al respecto, cabe recordar algunos hechos y reflexionar en torno a estos.
Primero: en el mundo, los países más desarrollados y menos corruptos son los que presentan un Estado más grande, medido por mayores niveles de recaudación y de gasto; por el contrario, aquellos que presentan un Estado más pequeño, son los menos desarrollados y más corruptos. Siguiendo este ejemplo, se necesita más y no menos recaudación (más y no menos Estado) para fortalecer las instituciones y organismos fiscalizadores, capacitar a los empleados públicos, e implementar mecanismos adecuados de rendición de cuentas que permitan limitar apropiaciones indebidas y actos de corrupción. Asimismo, se necesita más y no menos recaudación (más y no menos Estado) para fortalecer los organismos que velan por el buen uso de los recursos fiscales, la transparencia y el control de evasión y elusión, como el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría General de la República, y las capacidades de auditoría de los gobiernos municipales y regionales.
Si se observa a los países desarrollados, es evidente también que se necesita más y no menos recaudación (más y no menos Estado) para invertir en investigación y desarrollo, y en capital humano, componentes fundamentales de las teorías modernas del crecimiento económico; se necesita más y no menos recaudación (más y no menos Estado) para profesionalizar y agilizar los procesos de evaluación ambiental, asegurando que se reduzcan los plazos de los permisos sin que con ello se debilite la necesaria regulación; y se necesita más y no menos Estado (más y no menos recaudación) para aumentar salarios, dotación e infraestructura policial, así como para fortalecer las capacidades investigativas de las policías y sancionatorias de los tribunales de justicia.
En otras palabras, para avanzar hacia el ansiado desarrollo (económico, social y ambiental), fortalecer la seguridad ciudadana y asegurar la probidad pública, se requiere fortalecer al Estado, no debilitarlo. En efecto, el protagonismo de las hoy cuestionadas fundaciones en la ejecución de políticas y recursos públicos se debió justamente a la idea de que, minimizando el rol del Estado, se hacía más eficiente y eficaz el uso de dichos recursos. El espejismo del Estado mínimo, como atestigua este caso y la experiencia de los países menos desarrollados del mundo, nos puede llevar exactamente a exacerbar y no a solucionar los problemas urgentes del país.
Por Aldo Madariaga, académico UDP y COES
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