Por Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía U. San Sebastián

La mega reforma tributaria anunciada por el gobierno no cumplirá su promesa de recaudación y comprometerá la inversión y el empleo. Por eso, debemos avanzar en un verdadero pacto tributario, con esfuerzos compartidos entre el Estado y la sociedad civil, lo que implica ponernos de acuerdo en tres aspectos fundamentales: un diagnóstico común, para qué necesitamos más recursos y cómo los financiaremos.

Primero, debemos convenir que hoy el principal dolor para las familias es el costo de la vida: con un incremento de la canasta básica de un 17% en 12 meses, el dólar sobre los 950 pesos, los salarios reales cayendo un 2,3% y ad portas de un frenazo económico, para las familias chilenas hoy es muy difícil llegar a fin de mes. En este contexto, impuestos por más de 4 puntos del PIB significará subir la carga tributaria en un 20% para dejarnos 2 puntos sobre la mediana de la OCDE (Clapes UC). No conocemos otros países que en este contexto estén subiendo los impuestos.

Luego, para qué necesitamos más ingresos. Un argumento razonable y para el cual debiéramos estar disponibles es para seguir aumentando la PGU, implementada por el gobierno de Sebastián Piñera, que llega a 2 millones de personas con 193 mil pesos todos los meses. Pero cuando se dice que es para “mejorar la salud” en una reforma que no se conoce aún, no parece justo con los contribuyentes, ¿o será acaso para restringir la participación de los prestadores privados que menciona el borrador constitucional?

Finalmente, cómo financiar responsablemente el mayor gasto fiscal. Avancemos en un pacto tributario 2+2, donde los contribuyentes aporten 2 puntos del PIB y el Estado los otros 2, para mejorar políticas probadas como la PGU. Hay muchas formas en que el Estado puede gastar mejor. Por ejemplo, eliminar programas sociales mal evaluados, modificar la forma en que se elabora el presupuesto de la nación o avanzar en proyectos de modernización del Estado que hoy están en el Congreso, como el de compras públicas, apuestas en línea y empleo público. Al mismo tiempo, evaluemos nuevas formas de recaudar, como perseguir la evasión tributaria por robo de madera y narcotráfico en la Macrozona sur, y avanzar en la formalización de 2,4 millones de personas -27,3% de la fuerza laboral- que están desprotegidas de seguridad social.

Todo esto permitiría reemplazar aquellos instrumentos de la reforma del Ejecutivo que no van en la dirección correcta: la clase media se verá perjudicada con la eliminación de la exención a los DFL2 para la segunda vivienda y la tributación por arriendos; y con la desaceleración de la inversión y la destrucción de empleos que generaría la desintegración tributaria. Al mismo tiempo, las Pymes se verán afectadas pues hoy pagan 10% de impuesto corporativo hasta diciembre de 2022, pero se llegará a 25% el 2023.

Avancemos en medidas pro inversión y pro empleo, en beneficio de la clase media y en un esfuerzo compartido entre los que más tienen y el Estado. Ese sí sería un verdadero pacto tributario.