Columna de Alfonso España: Promesas y realidades del Presupuesto 2025 en seguridad
Recientemente, el gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación 2025 incrementando los recursos para seguridad en un 2,7% respecto al 2024. En el discurso que acompañó el anuncio, el Presidente Gabriel Boric condicionó la implementación de varias medidas a la aprobación del Presupuesto, entre ellas, la incorporación de 1.300 Carabineros adicionales “en las calles”, el refuerzo de “los pasos fronterizos” con “nuevas inversiones”, el financiamiento de un nuevo sistema de huella balística a cargo de la Fiscalía, un aumento de más de $28 mil millones para combatir el crimen organizado en las cárceles, y recursos para la implementación de la Defensoría de las Víctimas y la Ley de Inteligencia Económica cuando sean aprobados. Sin embargo, muchas de estas promesas no están alineadas con el proyecto de Ley de Presupuestos 2025.
En efecto, en “Contenidos del Proyecto de Presupuestos 2025″ del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se observa que los recursos asignados a dicho ministerio permitirían un aumento de solo 391 Carabineros en lugar de los 1.300 anunciados, y las nuevas “inversiones” para reforzar “los pasos fronterizos” se limitarían a una inversión en un único paso fronterizo en Pichachén, Biobío. Adicionalmente, el presupuesto 2025 de Gendarmería aumentaría en $23,2 mil millones en lugar de los $28 mil millones señalados por el mandatario.
En cuanto al financiamiento de los proyectos de ley que crean la Defensoría de las Víctimas y el Sistema de Inteligencia Económica, tampoco hay suficiente claridad. En el primer caso, se requerirían al menos $1,8 mil millones adicionales en el primer año (Informe Financiero N°64, 2024), pero el presupuesto de los Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas solo aumenta en $91 millones, mientras que otros programas como ORASMI y Fondo Social disminuyen un 2,5% cada uno, equivalente a $63 millones menos en cada caso.
En el caso del Sistema de Inteligencia Económica (SIE), el Informe Financiero N°114 (2023) señala que su implementación implicaría un mayor gasto fiscal de M$1.652.182, debido a la necesidad de aumentar el gasto en personal del SII, Servicio Nacional de Aduanas y UAF, junto con la implementación de un sistema que integre los servicios del Ministerio de Hacienda, particularmente de CMF y Servicio de Tesorerías. Sin embargo, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2025, la dotación máxima del SII se mantiene igual a la del 2024, el gasto en personal de la UAF no cubre la estimación del IF N°114 para implementar el SIE, y el gasto en activos no financieros por parte de la CMF y Servicio de Tesorerías cae un 96,7% y 4,9%, respectivamente. De este modo, las agencias relacionadas con la implementación del SIE no recibirán los recursos suficientes para que éste sea desplegado.
Finalmente, resulta curioso que se asignen al Ministerio Público los recursos para implementar un nuevo sistema de huella balística en el marco del “Plan Calle Sin Violencia”, cuando la Ley N°21.412 otorga la responsabilidad y facultad de gestionar un sistema de esas características a la DGMN y al Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC). Además, en la práctica el Ministerio Público sólo dispondría de MM$ 2.079 para financiar el eventual sistema, lo que, según el IF N°107 (2021), sería un monto insuficiente para lograrlo.
El aumento del presupuesto en seguridad es positivo en un contexto de crisis. Sin embargo, los compromisos asociados a su aprobación deben verse reflejados en él. Un mayor presupuesto en sí mismo no basta para que se genere un cambio, es necesario que los recursos sean gestionados y ejecutados oportunamente para que las metas 2025 no sean solo palabras.
Por Alfonso España, investigador de Horizontal
