Combatir la corrupción en la sociedad chilena requiere de un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales y jurídicas como los factores culturales que permiten su proliferación. Un aspecto clave al respecto es el fortalecimiento institucional, esto es, la existencia de instituciones sólidas, independientes y transparentes. Estas deben ser efectivas en la prevención y sanción de prácticas corruptas y, para ello, independientes del poder político y económico.
Paralelamente, resulta crucial aumentar la trazabilidad y claridad en los procesos gubernamentales. Esta tarea puede valerse del uso de tecnologías para hacer públicos los contratos, licitaciones y movimientos financieros del Estado en plataformas accesibles para todos los ciudadanos. La Ley de Transparencia, ya existente, puede ser reforzada para asegurar que el acceso a la información sea más amplio y los organismos respondan con mayor rapidez a las solicitudes ciudadanas.
Asimismo, es necesario seguir perfeccionando el marco legal que regula la corrupción, línea de acción que podría incluir el endurecimiento de las sanciones por actos corruptos, como el soborno, e implantar reformas judiciales que aseguren que los jueces y fiscales sean verdaderamente independientes y capaces de actuar sin presiones externas. Avanzar en la transparencia en el nombramiento y la evaluación de aquellos también parece vital en este campo.
Con todo, la lucha contra la corrupción no puede nunca limitarse solo a las leyes y medidas administrativas; requiere primeramente y en su mismo núcleo de un imprescindible cambio cultural. Programas educativos centrados en la ética y el civismo, desde la educación básica hasta la universitaria, ayudarían a fomentar una ciudadanía que valore la integridad. Como complemento y continuidad de este esfuerzo formativo es fundamental que los sectores empresariales y gubernamentales establezcan principios de acción claros y códigos de ética, considerando la capacitación constante para todos los miembros de esas organizaciones y la aplicación efectiva de sanciones en caso de incumplimiento.
Este conjunto de medidas, si se efectúan de manera efectiva y coordinada, podrían contribuir significativamente a la reducción de la corrupción en Chile, promoviendo una cultura ética y ayudando a restaurar la alicaída confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Sin desmedro alguno de lo expuesto, tres aspectos esenciales, hasta aquí no mencionados, han de ser tenidos en cuenta. Se trata del aporte insustituible que en el plano formativo corresponde realizar a las familias; aquel que urgentemente debe obrar el Estado ante el narcotráfico y la delincuencia criminal, y la convicción ejemplar con la que han de comportarse los líderes de la sociedad. ¿Cuán preparados y dispuestos están actualmente cada uno de estos estamentos para cumplir sus respectivas responsabilidades en este ámbito?
Por Álvaro Pezoa, director Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes
