La comuna de Santa Juana, nuestra comuna, ha sido la más afectada por los recientes incendios forestales. El 50% de nuestras viviendas rurales está en el suelo, lo mismo que nuestras actividades productivas.

Santa Juana no es la primera localidad en padecer este infierno. Antes fue Santa Olga, en el Maule, en 2017. Lo que es peor, si no se toman medidas prontas y drásticas, no será la última.

Estamos conscientes del valor que tiene la industria forestal, pero también sabemos que debe aprender a convivir con otras actividades productivas, con el medioambiente y con quienes habitamos en sus alrededores.

Lo más urgente es reconstruir y solucionar los problemas de sobrevivencia de los vecinos. De ello no tenemos dudas. Pero tampoco las tenemos al afirmar que esto no se puede repetir. Ni en Santa Juana, ni en ningún otro lugar. Nadie merece lo que hemos pasado.

En los meses que vienen debemos concentrarnos en la reconstrucción, pero con sentido de futuro. No basta con parar viviendas de emergencia rodeadas de restos humeantes, donde pronto habrá nuevos monocultivos. Tenemos que acompañarla de una reflexión sobre la estructura productiva de nuestras comunas y sobre la regulación de la industria forestal.

Por una parte, es necesario un esfuerzo entre el sector público y el privado, para que nuestras comunas dejen atrás un modelo monoproductor, que ha arrinconado otras actividades hasta casi extinguirlas, por falta de tierras o de agua. El futuro de nuestros territorios debe asociarse a una diversidad productiva mayor, aun cuando ella sea eminentemente rural. En otras palabras, la reconstrucción debe ir más allá de levantar viviendas de emergencia; debe hacerse pensando en las características propias de la vida rural y de su desarrollo futuro.

Además, debemos hablar sobre la regulación del sector. En esto somos tajantes: nunca es inoportuno discutir la regulación de una actividad cuando lo que está en juego es la vida de las personas, sus fuentes laborales y su medioambiente. Creemos que es urgente conversar sobre la integración de la industria forestal al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sobre una legislación complementaria específica que evite estas catástrofes.

El royalty es lo que más se ha escuchado. Pero este solo tiene sentido si parte importante de dicha tributación queda en las comunas; no para mitigar efectos adversos de los monocultivos, sino para proyectar otras formas de desarrollo y asegurar el bienestar de quienes habitamos en ellas.

Debemos pensar esta reconstrucción con un sentido de futuro que ofrezca espacios a la actividad productiva tradicional de nuestros y nuestras campesinas, y esta reflexión es tan urgente como regular el sector.

No hay tiempo que perder en ninguno de los dos temas, porque de seguir todo igual, la siguiente Santa Olga o Santa Juana está a la vuelta de la esquina.

Por Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana