El profesor José Luis Cea, quizás la persona que más sabe de las constituciones chilenas, ha dicho en este diario que el régimen político “es uno de los problemas más graves para la convención constituyente”. A su juicio, Chile no ha logrado nunca “tener un régimen político estable” y el debate ha sido muchas veces resuelto por la fuerza. Menuda advertencia.

En toda la última década, las oposiciones, de izquierda o derecha según tocara, han denunciado el exceso de facultades del Presidente, el “hiperpresidencialismo” que se arrastra desde la Constitución de 1980 y se ha mantenido por encima del centenar de reformas a ese texto. Conviene recordar que en los debates previos a 1980, quien más insistió en la necesidad de una Presidencia fortificada fue el expresidente Jorge Alessandri, traumatizado por la experiencia de su padre, “El León”, en la fase agónica de la República parlamentaria.

Durante esta misma década, los parlamentarios han reclamado, en todas las escalas de acordes, por las facultades limitadas del Congreso. Después del 18-O, algunas figuras de la oposición le propusieron o le advirtieron al Presidente Piñera que aceptara un parlamentarismo de facto. En cuanto a los límites de las facultades, bajo la pandemia han sido rotos una y otra vez. Pero nada de esto tiene que ver con la Constitución, sino con la política.

El gobierno de Piñera ha sido desbordado en todos estos campos y es, desde el punto de vista institucional, el más débil desde Salvador Allende. No sólo en lo simbólico. Ningún presidente había sido tan insultado, vilipendiado, acusado y hasta injuriado como Piñera. Desde Allende. Y a ninguno se lo había querido derrocar, por la calle o por la ley… desde Allende.

Pero deducir que la debilidad de Piñera se debe al régimen político sería otro error de principiante, como ya fueron el voto voluntario, el cambio de sistema electoral y los límites a las reelecciones parlamentarias. Estas tres reformas -ingeniería social, cómo no- se ofrecieron como respuestas a la desafección con la política y, por lo que se ve, sólo han logrado profundizarla, o quizás volverla endémica. Ninguna ha mejorado la calidad de la política. Lo único que la mejora, parece, es la calidad de sus protagonistas, su nivel intelectual, su racionalidad, su inteligencia autocrítica. Cuando la política no es argumento, es porque se ha convertido en otra cosa.

La encrucijada es algo más honda.

Lo que se ha quebrado por segunda vez en Chile es lo que durante buena parte del siglo XX se llamó el Estado de Compromiso, es decir, un acuerdo mínimo acerca de la manera en que el país progresa (la “estrategia de desarrollo”), acompañado por la conciencia de que a veces el poder se pierde y, por tanto, la oposición no se puede ejercer con la voluntad constante de derrocar al otro. La primera vez que se quebró el Estado de Compromiso fue en los años 70. El final fue el golpe de Estado.

Esta segunda ruptura no ocurrió el 18-O (el profesor Cea exhibe su agudeza histórica cuando dice “no estar seguro todavía” de lo que significó esa fecha) ni en un momento preciso: ha sido un proceso cuyas raíces se pueden hallar, tal vez, en las ansiedades que rodearon a la primera derrota de la Concertación, el 2010, y el temor neurótico de la derecha de que no se le permitiera gobernar. Expresión de esa crispación es el hecho de que Piñera despidiera a más de la mitad de los funcionarios públicos elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública, con lo que estuvo cerca de destruir una de las más valiosas nuevas instituciones del Estado. Y por el otro lado, la coalición derrotada no hizo nunca el proceso autocrítico que le permitiera saber por qué fue desalojada.

El régimen presidencial inviste de honores y poderes a la persona que consigue la votación más alta del país. Es poco relevante que el nivel de abstención sea alto, porque eso afecta al ganador tanto como a los derrotados, pero el voto voluntario ha permitido convertir el problema en un argumento de deslegitimación. Piñera fue el más votado, pero ni la UDI ni RN cumplieron con su tarea y dejaron al gobierno con minoría en el Congreso. Esta no era una novedad: salvo unos pocos meses de Bachelet, ningún gobierno desde 1990 tuvo mayoría parlamentaria. Pero tampoco ninguno enfrentó una tan nítida voluntad de derrocarlo.

Si el régimen actual hubiese sido parlamentario, no habría llegado al gobierno la derecha, sino, probablemente, algún congresista del PS o el PPD. En la quebrada del ají, con los varios cambios de alianzas en el Parlamento, desde el 2018 hasta ahora ya habrían existido entre dos y tres gobiernos. La experiencia histórica de Chile es taxativa con el parlamentarismo, claro que en condiciones muy diferentes. En los 30 años que duró, desde la muerte del Presidente Balmaceda hasta 1920, los diputados, que no recibían dieta, intercambiaron cargos públicos y sobornos para asegurar las mayorías. El presidencialismo de la Constitución de 1925 es producto directo de ese enojo.

Si el régimen hubiese sido semipresidencial, a la francesa, Piñera hubiese tenido que gobernar desde el primer día con un primer ministro opositor. Los franceses llaman a esto co-habitación, y desde que se produjo por primera vez, a mediados de los 80, ha sido una forma de gobierno tan incómoda como su nombre lo indica. En la quebrada del ají ya hubiesen pasado por el palacio unos tres primeros ministros en 35 meses.

Muchos intelectuales sostienen que el nuevo régimen político debe ser una fórmula que permita la interacción fluida entre las visiones del Presidente y los parlamentarios. Pero esto puede ser pura verbigeración si no hay un piso que lo permita y si sus protagonistas no recuperan algo del prestigio que injustamente han perdido. Durante el estado de empate crítico del 2019 -el Presidente no era derrocado, pero tampoco triunfaba-, se inventó un artefacto para recuperarlo, buscarlo, crearlo, en fin, hacer algo con el suelo desfondado.

Ese artefacto es la convención constituyente.