Columna de Ascanio Cavallo: Territorios

Varias regiones están atravesadas por conflictos ambientales, como es el caso de El Monte, donde Greenpeace levantó la campaña Suelta el Agua.



La palabra probablemente más repetida por los elegidos a la Convención Constitucional -descontados los eslóganes de campaña- ha sido “territorio”. Puesto que parece desbordar las fronteras ideológicas y estar rodeado de un aura de autoridad moral, se ha convertido también en el término más enigmático del proceso. La demanda “territorial” se hará presente en la instalación de la convención y en muchos, muchos de los debates que librará.

Hay casos en que la palabra territorio es usada de una manera metafórica, como expresión de una posición más que de una realidad física. La tendencia a representar las ideas de manera territorial es tan vieja como la imaginación humana, y no parece tan raro que en el mundo desterritorializado de las redes digitales se tienda a pensar de nuevo de manera metafórica o parabólica. Pero para una mayoría de los convencionales que se plantan de esta manera, no se trata de metáforas. Esa acepción hasta puede ser insultante.

La demanda territorial más vigorosa está asociada a los fenómenos de desplazamiento, abandono, postergación, marginación o discriminación que percibe una parte de la ciudadanía: la ex-centricidad con que la tratan la empresa privada, los políticos, la academia, las instituciones y, desde luego, el Estado. Ese desdén airoso, petimetre, que al caer el día se convierte con tanta facilidad en abuso o deprivación.

Algunos reclamos se refieren a grandes proporciones del territorio nacional, como las regiones mineras, las afectadas por la sequía o La Araucanía. Son conflictos de muy distinta naturaleza, pero convergen en exigir la atención de la sociedad. Es una coincidencia -¿lo es?- que en las mismas elecciones se haya votado por primera vez para elegir autoridades regionales. Una parte de la clase política, y en especial la derecha, les prestó poca atención a estos comicios, sin advertir que las limitadas facultades de los gobernadores actuales se convertirán muy rápidamente en a) banderas de lucha por mayor autonomía, b) poderes políticos de alta gravitación y c) espolones machacadores contra el centralismo. Los reclamos de las regiones llegarán a un mismo tiempo a la Convención Constitucional y a las antiguas intendencias.

Varias regiones están atravesadas por conflictos ambientales. Pero este tipo de conflictos tiene también escalas menores. La expresión “zona de sacrificio”, de origen inequívocamente militar, tan vinculada a la situación de Ventanas, vino a designar la indefensión en que se sienten los habitantes de áreas particularmente afectadas por la actividad industrial. La “zona de sacrificio” es la suma de la crueldad de un sistema productivo en complicidad con los poderes públicos. Causas locales como esas -multiplicadas ahora por decenas- han estado en la base de la elección de diversos convencionales que postularon como independientes, dentro y fuera de la Lista del Pueblo.

En una dimensión física aún más restringida -pero no menos resonante- se puede situar la reivindicación de barrios y poblaciones marginalizadas, a veces por razones socioambientales, a veces por la pobreza pura y dura. Bajos de Mena, Alto Hospicio y muchas poblaciones intraurbanas (“inner cities”) han llegado a ser representaciones de grupos sociales triplemente castigados por la inseguridad, la deprivación (de ingresos, pero también de servicio públicos) y la invisibilidad.

Mucho de esto es, efectivamente, lo que tuvo protagonismo en la disrupción del 18-O, y muy especialmente en las ciudades y localidades que no son Santiago. En la mayoría de esos casos las protestas de octubre de 2019 expresaron la exasperación territorial, no sólo con el gobierno, sino con un estado de cosas localmente imperante desde hace ya muchos años.

Detrás del reclamo territorial se esconde -sin ningún disimulo, en realidad- una gran proporción del rechazo a la política, los partidos y los parlamentarios. En los primeros años de la restauración democrática, en los ya lejanos 90, senadores y diputados tenían por prioridad establecer vistosas sedes en todas las comunas de sus circunscripciones, como un modo de atender a sus electores y conservar su adhesión. Con muy escasas excepciones, esa sencilla forma de fidelización terminó por desaparecer, lo que de seguro forma parte del desproporcionado rechazo que reciben el Parlamento y los partidos en las encuestas.

Es posible que el tropo territorial tenga raíces más profundas de lo que hace pensar su irrupción en el escenario político. Un gran volumen de la literatura local, desde Baldomero Lillo hasta Simón Soto, de la poesía, de Gabriela Mistral a Raúl Zurita, e incluso del cine, con Raúl Ruiz y Patricio Guzmán a la cabeza, traducen una ansiedad muy arraigada por el reconocimiento material simbólico del territorio, una ansiedad que a la vez suele ser desdeñada u omitida en las clases dirigentes. Chile tiene un robusto batallón de “historiadores del territorio” y su sociología disputa con la antropología el estudio de las localidades nacionales.

La expresión actual de los territorios, sin embargo, puede conducir a equívocos. Se trata, por lo general, de reclamos fuertes e indignados. Pero, con la excepción de algunos grupos radicales -en el mundo mapuche-, no demandan ruptura ni con el Estado ni con la sociedad, sino más bien la apertura, por las buenas o por las malas, de un espacio de integración, no a través de los partidos, ni del gobierno, ni de los grupos de interés, sino del Estado, ese ente abstracto que administra otra abstracción, “lo público”, para que ahora la convierta en acciones concretas y precisas, no más cambalaches ni do ut des. En breve: una reconfiguración de lo público. No más generalismo ni separatismo, sino inclusión.

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