El Proceso Constitucional está en un punto crucial. Terminada la discusión en comisiones, el debate se aloja en el Pleno, donde conoceremos el contenido definitivo de esta nueva propuesta de Carta Magna. Aunque todavía hay tiempo para el plebiscito de diciembre, lo escrito hasta ahora ya se avizora poco coherente con la realidad nacional de este siglo.
En el Consejo Constitucional el ala conservadora y mayoritaria, compuesta por los partidos Republicanos y la UDI, ha hecho un ejercicio de fuerza imponiendo modificaciones al texto propuesto por la Comisión Experta, que son abiertamente contrarias al contexto social, político y ambiental en el que nos encontramos. Sin contrapesos posibles, en lo aprobado por las respectivas comisiones se desconocen realidades evidentes como el cambio climático, no se asegura un medio ambiente sano, y se elimina el concepto de justicia ambiental tan necesario para territorios en sacrificio, entre otras cosas.
Asimismo, parece insólito que temas con tanto interés ciudadano como lo son el cambio climático y la protección de los animales estén quedando fuera de la discusión. A la fecha, numerosas encuestas han evidenciado que a la población le interesan los temas ambientales porque les afectan directamente en su calidad de vida. Lo mismo con la protección animal, sin embargo, el Consejo rechazó “Chile por los animales”, la iniciativa popular de norma más votada por la ciudadanía. Nuestro país intenta moverse hacia un nuevo siglo y modernizar su carta fundamental en esa línea, mientras el Consejo Constitucional opera en sentido contrario, con escasa visión de sociedad.
Las fuerzas conservadoras del Consejo Constitucional tienen un enorme desafío en sus manos, pero parecen no haber aprendido nada de las lecciones del pasado. La Convención Constitucional, derrotada en el plebiscito del 4 de septiembre, puede haber cometido muchos errores, pero el principal es justamente el mismo que repite la mayoría republicana de este Consejo: las instancias de diálogo son ficticias y no hay una real intención de llegar a acuerdos transversales. Con un ánimo de evidente revancha, este Consejo Constitucional está actuando sin ninguna base objetiva y sin el menor interés por el futuro del país.
Quizá, la mayoría conservadora no tiene nada que perder: para ellos y ellas es igual si esta Constitución, que más bien parece ir en el sentido contrario de las necesidades ciudadanas, es votada a favor o en contra, pues pueden quedarse en total comodidad con la Constitución de 1980. Pero para el futuro de Chile, sobre todo para las nuevas generaciones, la irresponsabilidad con que se está actuando ahora no tendrá remedio.
Por Carolina Palma, coordinadora de Incidencia, ONG FIMA
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