En el 2005, al dictarse la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, se incorporó a la legislación una nueva incompatibilidad para desempeñar la función pública tratándose de autoridades y ciertos funcionarios de alto nivel jerárquico de la administración central. Esta impide desarrollar dichas funciones a quien tuviere “dependencia” -palabra clave como veremos- de sicotrópicos ilegales, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico. Misma prohibición se incorporó en el caso de alcaldes y concejales.

La implementación de mecanismos que alejen de la función pública a quienes presenten este tipo de dependencia, debe compatibilizarse con el mandato constitucional que asegura la protección de la privacidad y de los datos personales (art. 19 número 4), a cuya promoción y respeto están obligados todos los órganos del Estado (artículo 5 inciso segundo de la Carta Fundamental).

Dicha garantía señala que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley, impidiendo que la regulación se realice por normas de rango inferior. La ley 19.628, sobre protección de la vida privada, refuerza dicho resguardo, especialmente tratándose de información relativa a la salud física o psíquica (dato sensible).

Más claramente: implementar un test de drogas obligatorio por vía reglamentaria, es inconstitucional e ilegal. Y los diputados debieran saberlo, más allá de la popularidad y rendimiento electoral de su propuesta.

Adicionalmente, el procedimiento propuesto evidencia otras falencias gruesas, fácilmente identificables. Primero, la “dependencia” solo puede ser determinada vía diagnóstico médico, y el reglamento no lo contempla. Segundo, el test de pelo no considera la mayoría de las drogas adictivas ilegales, limitándose a unas pocas. En la práctica, solo servirá para identificar consumo reiterado y frecuente de cocaína y de marihuana.

Ahora, el uso regular de cocaína genera un deterioro grave y fácilmente perceptible, por lo que todo indica que, en el mejor de los casos, lo que sacará a la luz esta cruzada serán nombres de diputados que fuman marihuana. ¿Es esa la información que realmente necesitamos para vigorizar la lucha contra el crimen organizado?

La apertura de cuentas corrientes, las escuchas telefónicas y el conocimiento de los destinatarios finales, son medidas más serias y mucho más contundentes. Pero apenas se ha hablado de ellas.

Por ello, una propuesta que aparentemente busca promover la transparencia, es probable que termine favoreciendo la opacidad, desviando la atención a asuntos de interés secundario. Una explicación posible para perseverar es que estamos en tiempos de elecciones, en los que muchas veces los objetivos buscados no siempre coinciden con los declarados.