Columna de Gabriel Alemparte: Reforma de pensiones en tiempos de crisis
Estamos en un escenario complejo, no hay duda. Nos encontramos en un momento particularmente difícil para los trabajadores de Chile, con cerca de un tercio de informalidad laboral en el país (60% del crecimiento interanual, según Clapes-UC, ubicándose en un 27,6% de ocupación informal, lo que acumula 10 trimestres consecutivos de alzas). A lo anterior, hay que sumar a trabajadores que están en situación de formalidad, pero que sin embargo, no cotizan; así, estamos enfrentados a una situación preocupante, diríamos de emergencia. Mientras pareciera que la discusión de la reforma de pensiones suena de fondo como un sueño irreal de una nueva desconexión política frente a esta realidad, 95.000 trabajadores independientes por cuenta propia han visto destruidas sus fuentes de trabajo, evidentemente, lejos están de pensar en cotizar mientras intentan pararse en un momento de adversidad. Se trata de emprendedores, pequeñas empresas y jóvenes que aumentan lagunas imposibles de enfrentar en un futuro medio a lejano. En agosto de 2024 ya 37.252 personas han sido despedidas por la causal de necesidades de la empresa.
Desde 2019 a la fecha se han creado apenas 307 mil empleos, y la gran mayoría de ellos han sido al alero del Estado. Así el sector público ha aumentado su gasto corriente, plantas, sueldos y contratas. Esto representa un crecimiento de 3,44% en cinco años, cifra desfavorable al aumento de la fuerza de trabajo total en el mismo período. La propia Dirección de Presupuestos (DIPRES) admitía hace muy poco, que no es capaz de tener un conteo exacto de la cantidad de empleados públicos que contemplan la Administración Central, los gobiernos regionales y las municipalidades, además de empresas del Estado y otros organismos autónomos. Es más, desde que asumió el Presidente Boric, de los 28 reportes oficiales emitidos por el INE, en sólo seis ocasiones la cesantía se ha ubicado por debajo del 8%. Es decir, falta trabajo y escasea el crecimiento. Para 2025, el Banco Mundial prevé un crecimiento de la economía chilena de 2,2% (la Ley de Presupuestos está calculada sobre la base de un 2,7% de crecimiento, por tanto analistas sostienen que la sobre estimación de ingresos generará mayor déficit fiscal). Eliminando a Venezuela y países del Caribe, Chile completará cinco años seguidos en el grupo de peor desempeño de América Latina (en el número 14 de 18, sólo por delante de Ecuador, México, Bolivia y Haití). A uno no le queda más qué preguntarse, ¿en qué están gastando sus esfuerzos los Ministros de Trabajo y de Hacienda si no es para levantar al país de este letargo laboral en que nos encontramos? La propia Ministra Jara ha dicho que las cifras de informalidad son muy duras (tarde nos damos cuenta) ¿Qué medidas de reactivación se están proponiendo? ¿Alguna propuesta para aligerar los costos laborales y/o de contratación? ¿Qué se ha leído de parte del Ejecutivo en aras de mejorar los números de formalización laboral? Aún la política oficialista, habla de impuestos, de permisología que avanza poco o nada en su solución, de proyectos millonarios que todas las semanas se bajan o se espera su inversión o sencillamente se van a otra parte. Cero. Nada. Silencio absoluto. Uno que otro anuncio para mejorar a través de algún proyecto de ley que no aterriza nunca en el Congreso.
Para peor, el centro de la discusión ha estado en una reforma de pensiones que insiste en fórmulas de distribución del 6% adicional de cotización que implican cargarle aún más la mano a los trabajadores, quitarles partes de sus fondos de pensiones para financiar aportes que debería hacer el Fisco. Un impuesto al trabajo más, al trabajo que ya no existe.
Así, ¿quién va a querer formalizarse si sabe que el Estado le pedirá prestada parte de su justa retribución, con escasas y pocas opciones de recibirla de vuelta? Nadie. Por eso, con estos números, es un crimen insistir en ideas como el reparto, más aún cuando ya existe la PGU, que posee distribución con impuestos generales.
Como si todo lo anterior fuese poco aparece la condonación del CAE, una promesa de campaña pero que responde solamente a una ideología trasnochada de este Gobierno. ¿Cómo se justifica, en este escenario de emergencia laboral, que los futuros graduados tengan un impuesto de 8% de su sueldo para financiar los créditos de la generación de estudiantes posterior? ¿Resiste nuestro mercado laboral otro impuesto al trabajo? Más aún si ya está más o menos claro que la cotización adicional debe subirse al 16%, lo que incrementará los costos laborales. Para rematar el efecto que produce en la gratuidad y en las Universidades, y un estudio de la Universidad de Los Andes, que de un diagnóstico de 4.000 estudiantes, más del 70% de los alumnos entre 5º y 8º básico no domina los contenidos mínimos en matemáticas.
Ideas como la condonación del CAE, sin ningún punto de alcance con la realidad, son las que me llaman la atención. ¿En qué planeta viven las autoridades que piensan que plantear estos proyectos de ley son congruentes con el escenario actual del mercado laboral chileno?
Lo único que explica esta actitud es que las actuales autoridades -acostumbradas la mayoría de ellas a no haber trabajado ni un sólo día en el sector privado- están jugando con plata ajena, entonces es fácil lanzar estas propuestas sin ningún asidero y que son casi saludos a la bandera.
Un gobernante serio, en cambio, ya estaría pensando en cómo sacar adelante una propuesta en pensiones más simple, que abarque menos elementos, pero que se centre en aumentar las pensiones ahora: una ley corta de pensiones enfocada en la Pensión Garantizada Universal (PGU) y olvidarse de incorporar el injusto y poco solidario reparto, que sólo lleva a más informalidad. Lo demás, a estas alturas, es no entender la realidad de lo posible. A lo Groucho Marx “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
En cambio, con el CAE, lo mejor es olvidarse rápidamente de esta propuesta. Seguramente no darán los tiempos para su discusión en el Parlamento, así que el proyecto no es más que una utopía en estos momentos, lanzada esta semana por meros cálculos electorales, como ya lo hizo el Presidente Boric antes.
Me temo que la situación laboral en Chile seguirá estancada mientras continúen las actuales autoridades en sus posiciones. Me atrevo a augurar que no veremos de parte de la Ministra Jara frases o iniciativas nuevas para mejorar las cifras de desempleo, ni que pondrá en el congelador ideas como el reparto que sólo llevan a debilitar el mercado laboral y generar aún más incertidumbres en un mercado altamente debilitado. Tampoco veo que de Hacienda salgan señales de advertencia sobre lo negativo que sería aumentar los costos laborales o tributarios en un ambiente donde ya se está aumentando la cotización adicional obligatoria y se aumentan los topes imponibles. Aún algunos hablan de “pacto de justicia tributaria” con una mueca de no creer ni ellos que sea posible. Más impuestos al trabajo o directos nos llevarán a un despeñadero.
La única receta posible es reemprender con fuerza el camino del crecimiento económico, limitar al máximo la burocracia, destrabar proyectos urgentes, abrir de verdad y sin ideologías el camino a la asociación público privada, avanzar en proyectos que generen intensidad de trabajo y aumentar la inversión dando certezas y seguridades. Sólo así se puede empezar a pensar en mejorar, de lo contrario, la reforma de pensiones comienza a sonar irreal como la ha planteado el Gobierno hasta aquí. En vez de prioridad en la condonación del CAE o la reforma de pensiones con reparto, las únicas y más importantes preocupaciones del Presidente debiesen ser la inversión, el crecimiento y la seguridad pública. Sobre lo demás es preferible hacerse la idea de que, con este Gobierno, que no hagan nada o muy poco en sus ideas de campaña o ideológicas de última hora, será el mejor escenario posible.
Por Gabriel Alemparte, abogado, vicepresidente de Demócratas.
