Columna de Javier Salinas: Posverdades económicas y sus implicancias para la política pública

Alcalde de La Reina presenta sistema de lavamanos y tunel sanitizador en Ferias Libres.

FOTO: AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

"Este es el contexto que vive el articulador de la política fiscal el día de hoy: un sobrecalentamiento de la economía que, junto a shocks globales fuera de su control, llevaron a una alta inflación, y por ende, a una política monetaria altamente restrictiva. Mientras tanto, la población percibe una situación económica deteriorada, y parte de ella lo interpreta como una consecuencia principalmente de la incertidumbre política."



En el mundo postmoderno en el que vivimos, en donde la razón es relativa al observante, las posverdades (que sobreponderan las opiniones y emociones en desmedro de la objetividad, distorsionando la percepción de la realidad) invaden la opinión pública e influyen en el comportamiento de la sociedad. La esfera económica chilena no ha quedado fuera de este fenómeno, y, de hecho, se han exacerbado en los últimos años.

Durante el 2020, en medio de la crisis económica producto de la pandemia y las medidas sanitarias, comenzamos a ver en el país una serie de propuestas por parte del legislativo para alivianar la difícil situación de las familias en la forma de retiros previsionales. Sin embargo, durante el 2021, una vez quedadas atrás las restricciones de movilidad y resueltos en gran medida los problemas económicos, estas propuestas continuaron y fueron complementadas por el gobierno con masivos programas de transferencias directas no focalizadas, ignorando las consecuencias que técnicos de diferentes colores políticos señalaron que ocurrirían. Ello generó una suerte de distorsión no solo de los equilibrios macroeconómicos (déficits relevantes en la cuenta fiscal y la corriente, fenómeno que se conoce en la literatura económica como déficits gemelos), sino también de la percepción de la realidad económica de las familias.

Hoy por hoy ambas distorsiones continúan. Por una parte, el Banco Central estima que la economía habría estado sobrecalentada en 4% del PIB durante el segundo trimestre del año, y que para revertir esta situación la actividad se contraería tanto en lo que queda del año como en el 2023. Ello en un contexto en el que el déficit de cuenta corriente alcanzó 7,3% del PIB el primer trimestre del año (4 trimestres acumulados), aunque el déficit fiscal se ha ido corrigiendo a la baja.

Por otro lado, el Índice de Percepción de la Economía (IPEC) de los consumidores se situó en junio en 25,7 puntos, muy por debajo del umbral de los 50 puntos que marca la diferencia entre el optimismo y el pesimismo, y cercano al 20,3 que se observó durante el confinamiento, el mínimo de la serie en un par de décadas. Y si bien uno podría atribuir ese indicador a la incertidumbre política, el subíndice de empleo muestra también una percepción negativa del sector (bajo los 50 puntos durante todo el año, con 39,1 en junio). Todo esto a pesar de que la economía está produciendo sobre su capacidad y que las tasas de desempleo se encuentran bajo su promedio histórico.

Y en el mundo de las posverdades de hoy, sobresalen la cantidad de interpretaciones acerca de las razones de la reciente depreciación del peso, en donde éstas oscilan desde un fenómeno totalmente internacional hasta la exclusiva responsabilidad de la incertidumbre político-institucional. Esto estaría distorsionando la opinión pública, y con ello, sus decisiones políticas en el corto plazo.

Este es el contexto que vive el articulador de la política fiscal el día de hoy: un sobrecalentamiento de la economía que, junto a shocks globales fuera de su control, llevaron a una alta inflación, y por ende, a una política monetaria altamente restrictiva. Mientras tanto, la población percibe una situación económica deteriorada, y parte de ella lo interpreta como una consecuencia principalmente de la incertidumbre política. Y si bien el Ministerio de Hacienda hace su mayor esfuerzo por recuperar los equilibrios fiscales, las posverdades tiñen la opinión pública y llevan al gobierno a tomar medidas que, si bien hasta ahora han sido de limitado impacto fiscal, corren el riesgo que, como con una gotera, el problema no sea la magnitud sino la frecuencia. Y, desgraciadamente, no hay certeza que la gotera termine en septiembre.

* El autor es economista jefe LarrainVial Asset Management.

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