Luego de transcurrir un año desde que se rechazó el último intento por efectuar un retiro extraordinario desde los fondos de ahorro previsional (el llamado quinto retiro), se reactiva la tensión latente entre algunos políticos y expertos sobre los impactos de un sexto (que en la práctica sería el cuarto).
Por ello, resulta crucial poner sobre la mesa cuáles fueron los efectos de los tres anteriores. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, 7,5 millones de personas realizaron los tres, con un monto promedio cercano a los $5 millones por persona. Como consecuencia, un total cercano a los 52.000 millones de dólares fueron retirados desde las cuentas individuales, dejando a más de 4 millones de afiliados sin ahorros previsionales.
El daño previsional es innegable. La Superintendencia de Pensiones estima que, como consecuencia, las pensiones autofinanciadas caerán un 28,5% en promedio, afectando especialmente a las mujeres, cuyas pensiones se reducirían en un 33%. Para recomponer el ahorro perdido sería necesario cotizar por 6 años extra.
Además, los retiros también generaron una serie de efectos macroeconómicos en el país. El más sentido por toda la población fue el alza de la inflación hasta un 12,8% en 2022, la cifra más alta desde 1991. Si bien, parte de la inflación se explica por factores externos, el Banco Central estima que al menos la mitad fue causada por el aumento en la demanda interna, asociado a la mayor liquidez que se registró.
Otro efecto, cuyo impacto no se logra quizás visibilizar ante la ciudadanía con tanta nitidez, es el incremento de las tasas de interés, en especial las de largo plazo. Esto se produjo por la necesidad de liquidar instrumentos de renta fija por parte de las AFP para hacer frente a los retiros.
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¿El resultado? Primero, un aumento al doble de las tasas de los créditos hipotecarios, según cifras del Banco Central, afectando la posibilidad de muchas familias de acceder a este tipo de financiamiento. De hecho, las colocaciones de créditos hipotecarios se redujeron un 46% desde el primer retiro a la fecha. Segundo, caídas en la rentabilidad de los fondos de pensiones con alta concentración de activos de renta fija local (Fondo E especialmente). El Banco Central estimaba una pérdida de al menos 12% asociada a los retiros, la pérdida de rentabilidad efectiva del Fondo E en 2021 fue de 13%.
Por último, implicaron un deterioro fiscal. Por una parte, dos de los tres retiros fueron exentos del pago de impuestos a la renta, lo que inmediatamente implicó una pérdida para el fisco. Por otra parte, las mayores tasas implican un mayor pago de intereses por parte del Gobierno. De acuerdo con el Banco Central este costo sería entre 1.800 y 2.800 millones de dólares anuales.
De implementarse un nuevo retiro volveríamos a enfrentar un escenario similar. Un momentáneo alivio económico para quienes puedan hacerlo, pero que termina con impactos macroeconómicos negativos para toda la población: alza de precios y de las tasas de interés, freno al crecimiento económico e incremento del desempleo, además del irremediable daño sobre las pensiones.
Así, la evidencia sobre los efectos negativos es indesmentible y debiese servir como punto de reflexión a nuestros legisladores para no repetir lo ya ocurrido.
Por Karol Fernández, Centro de Políticas Públicas, Facultad de Economía y Gobierno, Universidad San Sebastián
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