Siguiendo el tono futbolístico que el mundial nos ha dejado, la firma del “Acuerdo por Chile” debe ser entendida como un nuevo rayado de cancha para el “partido de vuelta”, que será el nuevo proceso constituyente. Esto significa que el acuerdo debe ser entendido como el comienzo de un nuevo proceso político y con ello una nueva oportunidad. No como una solución en sí mismo.
El acuerdo político de noviembre de 2019 fue concebido como una respuesta desde el mundo político a la masiva ola de protestas que se vivía en el país y así lo percibió la mayor parte de la ciudadanía. Esto se plasmó en un proceso constituyente sin cerrojos ni límites prestablecidos de parte de la derecha y los poderes empresariales que la sostienen. En cambio, el señalado acuerdo de la semana pasada es hijo del triunfo del Rechazo el 4 de septiembre, que marcó la derrota del proceso anterior así como de todas las izquierdas que empujaron la opción Apruebo.
El nuevo acuerdo entrega alto control sobre el proceso al Congreso y a las fuerzas políticas establecidas mediante la designación de comisiones de expertos que supervisarían el proceso e interpretarían las bases constitucionales declaradas en el “Acuerdo por Chile”. Una, la Comisión Experta, evacuará un proyecto constitucional que solo después será conocido por el órgano electo. La segunda, el Comité Técnico de Admisibilidad, estará facultada para interpretar las “bases constitucionales” explicitadas en el acuerdo.
Esto significa que parte importante del desacuerdo constitucional fundamental que ha marcado al país durante las últimas cuatro décadas se resolverá en la interpretación que darán estos expertos a conceptos como Estado social y democrático de derecho, descentralización, terrorismo, bien común, responsabilidad fiscal, derecho a la vida y libertad de enseñanza. En resumidas cuentas, es evidente la intención de las fuerzas de derecha, sus aliados y sus financistas de plasmar en la nueva Constitución el principio de “Estado subsidiario”, que rige la actual y cuya interpretación radicalmente neoliberal está en el centro de la crisis social y política que asoló el país.
A este adverso escenario se llegó, conviene no olvidarlo, por la voluntad de una ciudadanía que apostó por el rechazo ante una Convención donde la plural mayoría de izquierda fue incapaz de ofrecer un relato común que le diera certezas. Hoy no es posible cometer el mismo error: el principal desafío que marcará el camino del nuevo proceso es conducir, para lo cual se necesita unidad, solo entonces es posible pensar en dar vuelta el partido. No es responsable que existan actores en la izquierda amenazando desde ya con restarse del proceso, máxime si en muchos casos comparten responsabilidades en el fracaso anterior. Hacer esto es como pedir el cambio cuando estamos perdiendo el partido, en lugar de luchar para darlo vuelta.
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El triunfo del Rechazo bien pudo haber enterrado el proceso constitucional: por ello el acuerdo de marras es en sí mismo una oportunidad de enmendar los graves errores cometidos en el proceso anterior y dotar a Chile de una Constitución capaz de transformar las vidas de las personas. Si algo podemos sacar en limpio del proceso anterior es que la Constitución no es el espacio para plasmar el proyecto transformador de la izquierda: es el espacio para habilitarlo, mientras que la política que gane en las urnas pueda gobernar.
Esto significa que la Constitución deberá reflejar un mínimo acuerdo de funcionamiento institucional que le otorgue al país un sistema político funcional y capaz de tener gobernabilidad. Devolver a la política su capacidad transformadora conservando los equilibrios republicanos será el mayor logro potencial de este nuevo proceso y sería una conquista inédita para la izquierda: con el favor popular mediante, podría gobernar después de medio siglo sin amarres constitucionales, limitada solamente por la voluntad ciudadana y los restantes poderes públicos.
No podemos desentendernos de esta segunda oportunidad. Es crucial la unidad de todas las izquierdas, dentro y fuera del oficialismo, para de una vez dotar a nuestro pueblo de los derechos que le han sido negados hasta ahora.
Por Lorena Meneses, secretaria general del Partido Convergencia Social
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