Columna de Matías Acevedo: Celo por las finanzas públicas

Me parece importante realizar algunos alcances a la presentación del Ministro Marcel en el Congreso a raíz de los problemas de ejecución presupuestaria y rol de Hacienda/Dipres.

1. El 60% del presupuesto 2022 de los Gobiernos Regionales (Gores) se ejecutó en 3 meses. ¿Como se logró tal hazaña? Por medio de masivas reasignaciones de inversión a Transferencias con la aprobación de Dipres. Son US$ 260 millones adicionales a los US$ 600 millones iniciales, con dudoso impacto en desarrollo. Todas las autoridades, deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos (LOC Adm. Estado, art 5). Facilitar las reasignaciones con el sólo objetivo de esconder los problemas de ejecución, aumenta además el gasto de inversión a futuro.

2. Los problemas de ejecución se mantienen, los cambios el 2023 nivelaron hacia abajo la definición de ejecución. Hoy, para todas las transferencias “recursos transferidos, recurso ejecutado”. Lo correcto, es asociarla al avance de los proyectos y no a un movimiento contable. Lo mismos problemas se mantienen para la inversión sectorial, como lo señalé el 16/07 en una carta a este medio. Tenemos un déficit de ejecución de US$1.000 millones, comparado con un año normal (2016-2019).

3. El gobierno anterior no creó la excepción (de la glosa 2.1) para la asignación directa, pero si incorporó el Art. 23 de la ley de presupuestos 2021 que mejoró los controles, obligando el concurso público para asignar las transferencias corrientes, normar los convenios, rendiciones, entre otros. Este artículo incorporado en el Ley de Presupuestos 2021, ha sido destacado transversalmente por el Contralor y connotados expertos, como un aporte y evitó que los problemas que hoy enfrentamos hoy, ejecutados por personas inescrupulosas se expandiera. A pesar de aquello, en los casos del Minvu y otros, pasaron gasto de corrientes por de inversión y se saltaron la regla. Respecto a las excepciones de la glosa, tiene larga data (2006) y no se conoció sino hasta el 2022, un aprovechamiento masivo de la misma. Finalmente, el Ministro señaló que el Art. 23 exigía los dos años de antigüedad a las instituciones privadas, y por esto eliminó en el requisito el 2023. El Art. 23 no menciona requisitos de antigüedad como señaló el Ministro en su exposición.

4. El Contralor advirtió el debilitamiento del control el 2022, señalando en reiteradas veces en el Congreso este año su preocupación por la excesiva discrecionalidad en las reasignaciones, la ausencia del control interno del CAIG, facilitar la ejecución del presupuesto de los Gores en un mes. Como también, que el Ministerio de Hacienda no tenga actualizado el registro de instituciones colaboradoras del Estado, información que resulta clave para la transparencia.

5. La combinación de sinvergüenzas cuidando de los recursos de todos los chilenos, sumado a que la ejecución presupuestaria y la descentralización se transformaron en un fin en sí mismo, promovieron reasignaciones laxas, en un ambiente de control interno (CAIG) que no operó el 2022. Como resultado, se descuidó el buen uso de los recursos, su impacto y una fracción terminó en hechos de corrupción. Los casos investigados ocurrieron principalmente a fines de año 2022, donde se buscaba ejecutar a toda costa.

6. No es de extrañar que el 2023 tengamos menos casos investigados, ya que aún no se llegamos al mes donde “todo vale” por ejecutar el 100%, que gatillaron los casos de corrupción con la anuencia de la Dipres. Si este gobierno pudo gestionar el ajuste fiscal heredado del gobierno anterior, que se señala como un logro, por qué no pudo hacer los mismo para corregir a tiempo los problemas de ejecución que terminaron finalmente en masivas reasignaciones laxas a fines de año y una fracción en instituciones hoy investigadas por hechos de corrupción.

Como diría Condorito, exijo una explicación.

Matías Acevedo F., economista.