Cumpliendo con los plazos prometidos, esta semana conocimos la propuesta de proyecto de ley del gobierno para una reforma de salud. Hay cambios donde ya sabemos que existen puntos de encuentro como el fin de las prexistencias, un plan universal de beneficios, una prima única y el fin de discriminación por sexo o edad.
Y si sé que hay consenso es porque en los dos últimos años el Senado ha conformado distintos comités técnicos en donde personas con conocimiento en la materia, pero de opiniones políticas opuestas, han sido capaces de sentarse en la mesa, discutir y generar propuestas comunes. Ha sido la Cámara Alta el lugar donde estos informes se han discutido y analizado entre autoridades legislativas, expertos y el Ejecutivo. La última vez fue a principios de septiembre, cuando se entregó un informe con tres ejes fundamentales: Plan Universal de Beneficios, gobernanza y quizás el más trascendental: reformas a la operación y financiamiento del sistema de salud enmarcado en una lógica de seguridad social y equidad tanto en el sector público como en el privado.
Este último punto se omitió del proyecto presentado por el gobierno. Se anuló. Decidieron desechar la opción de compensación de riesgo propuesto que, en términos sencillos, permite que los más sanos compensen a los más enfermos. Es decir, que existe una solidaridad en compartir los riesgos en salud con un único objetivo: justicia, para que todos reciban la atención y recursos que necesiten, independiente de cuánto hayan aportado al financiamiento total.
Este modelo se propuso tanto en el sector público como en el privado, pero el gobierno desechó esta idea y en el proyecto obliga a las Isapres al reaseguramiento, el cual no se ha estudiado en su viabilidad y oferta y en sí, su implementación es más compleja porque requiere que haya un solo reaseguro atrás para que exista mutualización entre todos los actores. A pesar de los informes de expertos, el gobierno presenta como proyecto de ley una propuesta en el papel para una reforma trascendental sin asidero técnico.
Esto causa, al menos, suspicacia. Da la sensación que, una vez más, la ideología prima sobre lo técnico. Espero estar equivocada, pero pareciera ser que al oficialismo le cuesta aceptar la lógica de seguridad social en el sector privado solo por eso: por ser el sector privado.
Duda genera también que este proyecto tan esperado, el gobierno lo haya ingresado por la Cámara de Diputados y no por el Senado, el lugar en donde se analizó, discutió y conversó sobre el tema entre autoridades y expertos. ¿Por qué tomaron esa decisión?
Quizás hay una explicación y sería importante esclarecerla porque deja un manto de duda que va en contra del ánimo colaborativo que ha existido en el último tiempo.
Es verdad. También hay que empatizar. En materia de salud el gobierno está en el ojo del huracán: en medio de crisis de financiamiento, de las listas de espera que solo aumentan, hay temas urgentes que deben resolver. Sin embargo, es importante no dejar la reforma de lado. No se trata de cumplir los plazos con un proyecto que se ingrese para que quede entrampado en el Congreso.
Para lograr esta reforma hay solo una fórmula: la evidencia de datos y lo técnico deben primar ante todo.
No cometamos el error de ser ideológicamente obstinados.
Por Paula Daza, directora ejecutiva CIPS-UDD
