Pareciera ser que estamos en las etapas finales de un período de gran incertidumbre institucional y se abre la posibilidad de reemprender el crecimiento económico, condición necesaria -si bien no suficiente- para el desarrollo. Si no lo hacemos, permaneceremos en la trampa de los países de ingreso medio.
En efecto, el Presidente Gabriel Boric valoró recientemente los 30 años de la Concertación, que fueron de alto crecimiento económico. Apunta en la misma dirección una interesante encuesta fechada en marzo recién pasado y realizada por Cerc-Mori. Ella sugiere que se ha estado revalorando el camino recorrido después de 1974 en materia de desarrollo económico y modernización. Finalmente, los indicadores de riesgo país se encuentran estables, y los evaluadores parecieran opinar que el proceso constitucional no afectará en lo esencial a la institucionalidad económica.
Sin embargo, la tasa de inversión sigue y seguirá baja mientras nuestra economía no termine el actual ajuste inflacionario y mientras no se concluya el proceso constitucional. Si después de ello deseamos volver a crecer a una tasa mayor a aquella del promedio mundial, el país debe tomar medidas de política económica adicionales.
Algunos sostienen que es necesaria la adopción de políticas industriales, para que el Estado -mediante impuestos y subsidios, inversiones en infraestructura, apoyo al desarrollo tecnológico local, etc.- oriente la producción nacional a actividades de mayor valor agregado (Insulza, El Líbero, julio 2023). No obstante, la evidencia internacional al respecto es, por varios motivos y en general, más negativa que positiva (Hufbauer y Jung, PIIE, 2021).
Empero tenemos una excelente experiencia nacional con una política alternativa y es aquella del crecimiento de los 30 años de la Concertación, en particular de aquella de los años 90.
En ese entonces Chile se benefició de la adopción de la institucionalidad y de las buenas políticas públicas implementadas -principalmente- en los años previos, de una ejemplar disciplina fiscal y monetaria, y de una institucionalidad democrática estable, para lograr una tasa de crecimiento promedio en la década de más de un siete por ciento anual (Jadresic y Zahler, IMF, 2000).
Pues bien, parte de las reformas estructurales realizadas entre 1974 y 2010 consistió en la liberalización regulada de la inversión en infraestructura y servicios sociales (carreteras, hospitales, cárceles, electricidad, agua potable, gas, telefonía, educación, pensiones, entre otros), lo que atrajo mucha inversión y se tradujo en una alta tasa de crecimiento (Moguillansky, 1999). Esa tarea está inconclusa y, en parte, requiere revisión. Si esta labor se realiza bien, desatará -como lo hizo en los años 90- el enorme potencial de crecimiento existente.
Por Rolf Lüders, economista
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