Tras los resultados del plebiscito constitucional, diversos actores han manifestado que ahora llegó el momento de hacerse cargo de las urgencias sociales, lo que está lejos de ser una tarea sencilla. Sin duda, resulta imperioso ocuparse decididamente de los desafíos que tenemos en materias como educación, economía y seguridad. Sin embargo, hoy en día, los grandes acuerdos en dichas materias encuentran una notoria piedra de tope: nuestro sistema político, que está en crisis.
En efecto, para avanzar en las grandes urgencias sociales es necesario un sistema político funcional, pues constituye una condición necesaria para la correcta satisfacción de derechos sociales como educación o seguridad social y su garantía efectiva, así como para avanzar en el establecimiento de instituciones que permitan un crecimiento económico que haga posible asegurar tales derechos, al depender en gran medida de la capacidad del sistema político en su conjunto de zanjar sus diferencias y acordar medidas que trasciendan a los gobiernos de turno. A final de cuentas, no por nada Acemoglu y Robinson (2012) afirmaban que la calidad de las instituciones políticas es el factor clave que explica la diferencia en el grado de prosperidad entre los países.
Por lo anterior, no hay que desatender al diagnóstico mayoritario de que el sistema político chileno se encuentra bloqueado, que hay una dificultad cada vez mayor por lograr acuerdos estables en las materias más relevantes, y que se requieren reformas para salir de la crisis en la que se encuentra inmerso. Esta última, está caracterizada por la existencia de partidos políticos con baja cohesión y un desapego cada vez mayor de sus votantes; una fragmentación y dispersión de fuerzas políticas sin precedentes; y bajos incentivos a la colaboración entre gobierno y oposición, y entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Así, para asegurar el buen funcionamiento de nuestra democracia y hacernos cargo de las grandes urgencias sociales, debemos actuar con prontitud y con las herramientas que hoy nuestros representantes tienen a su disposición. En ese sentido, una forma de abordar el problema sería aprovechando los acuerdos transversales que nos ha dejado el reciente proceso constitucional y concretar reformas a la actual Carta a través del Congreso, lo que permitiría una mejoría respecto de lo que tenemos hoy.
De esta forma, se puede avanzar en torno a la consagración de normativa que favorezca la disciplina partidaria. Por ejemplo, debiera rescatarse la propuesta de la pérdida del escaño del diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura.
También, el establecimiento de un umbral mínimo de votos de un 5%, es una barrera legal de entrada al Congreso que contribuirá a combatir el multipartidismo exacerbado que se ha asentado en Chile. En efecto, en los últimos años se ha observado un aumento sostenido en el número de partidos con representación parlamentaria, así como en el surgimiento de una serie de nuevos partidos políticos. Según datos del Servicio Electoral, en Chile hoy existen 25 partidos legalmente constituidos, de los cuales 21 tienen representación en el Congreso. Además, hay más de 10 nuevos partidos en trámite para constituirse.
Esto hace muy difícil la gobernabilidad, pues si tenemos gobiernos que deben enfrentarse a parlamentos fragmentados, se reducen drásticamente las posibilidades de generar mayorías legislativas. Con ello, disminuye también la posibilidad de levantar programas de gobierno exitosos. Por lo demás, el umbral consiste en un mecanismo que ha sido reconocido y dado resultado en otros países del mundo, como Alemania o Suecia.
Todo lo anterior puede contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos y a reducir la fragmentación política al interior del Congreso Nacional. Estos cambios apuntalan aspectos disfuncionales del sistema político chileno, reconocidos por una gran diversidad de sectores, y pavimentan el camino para avanzar en los grandes acuerdos demandados por la ciudadanía. El desafío no es menor, pues depende en gran parte de la voluntad de incumbentes que no tienen mayores incentivos para realizar estas modificaciones. Sin embargo, en momentos como estos se requiere magnanimidad de nuestros representantes, y de esta forma salir de la inercia en la que estamos sumidos.
Por Sebastián Sotomayor, abogado proyecto constitucional, Centro de Estudios Horizontal
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