Columna de Yordana Mehsen y Álvaro Videla: El SEIA como instrumento de desarrollo sostenible

Los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU buscan fomentar el crecimiento armónico, satisfaciendo las necesidades de hoy sin comprometer aquellas de las generaciones futuras.

Sin duda, la actividad minera ha contribuido al desarrollo del país, aportando crecimiento económico, infraestructura, trabajo de calidad entre otros impactos positivos. Sin embargo, también hay que reconocer sus impactos ambientales en el ecosistema, siendo la institucionalidad ambiental la encargada de salvaguardar el interés común, entre otros instrumentos, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En este contexto, el SEIA está diseñado precisamente para el desarrollo de los proyectos en forma sostenible y de manera responsable, facilitando su ejecución y no al revés. No obstante, el engorroso mecanismo recursivo para la impugnación de las decisiones de la Comisión de Evaluación y, en ciertos casos, la influencia política en las decisiones, constituyen trabas para su ejecución; esto, sin mencionar lo poco expedito que resulta la tramitación de permisos sectoriales.

Este último tiempo ha podido advertirse un mayor porcentaje de rechazos de proyectos de inversión. Desde el 11 marzo al 31 de diciembre del año 2022, de 266 proyectos calificados, se rechazaron 31, lo cual equivale al 26,1% de la inversión calificada (US$ 3.817 millones de un total de US$ 14.933 millones). De dichos proyectos rechazados, siete son mineros (de un total de 51 proyectos mineros calificados). Si bien se trata de un bajo porcentaje en cantidad, es alto en inversión (48% de la inversión de los proyectos mineros calificados), representando el 82% de la inversión de proyectos rechazados y 21,4% del total de inversión calificada.

Los números anteriores son relevantes si consideramos que, en el mismo periodo del año anterior, esto es, desde el 11 de marzo a 31 de diciembre de 2021, de 440 proyectos calificados, 24 se rechazaron, lo que equivalía al 1,38% de la inversión. De estos proyectos rechazados, uno era minero (de un total de 49 proyectos mineros calificados). Es decir, en dicho periodo, el porcentaje fue bajo en cantidad, pero también en inversión (0,021%).

Por lo anterior, resulta importante analizar los factores que inciden en que se retrase innecesariamente la ejecución de proyectos o estos se tornen inviables. Al respecto, hoy se puede advertir una mayor rigurosidad en la evaluación ambiental de los proyectos, lo que se ha ido plasmando en guías dictadas por el Servicio de Evaluación Ambiental, lo cual es positivo en un contexto de desarrollo sostenible, siendo responsabilidad de los titulares aumentar su prolijidad y así evitar en primera instancia términos anticipados o rechazos de sus proyectos.

Pero, por otro lado, también se ha podido advertir situaciones políticas en que no ha quedado clara la imparcialidad y fundamento técnico del Comité de Ministros y Comisiones de Evaluación para las calificaciones desfavorables de manera contraria a la recomendación favorable que había realizado el SEA (p. ej, Proyecto Minero Cayetano, Continuidad Operacional Fase V, El Soldado).

Por lo anterior, es importante analizar en qué contribuyen las instancias políticas como parte de la licencia ambiental de proyectos y si se justifica mantenerlas o más bien obstaculizan la ejecución de los mismos. Así, en el caso de las Comisiones de Evaluación en el SEIA, su rol es votar la aprobación o rechazo de un proyecto sobre la base del informe consolidado de evaluación redactado por el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo técnico en la materia, de manera que no se entiende la inclusión de Seremis nombrados por el gobierno de turno que terminan formando parte de la Comisión de Evaluación, sin necesariamente tener la expertis sobre los componentes ambientales de un proyecto.

Por otra parte, cuando se reclama en contra de una calificación ambiental, si se trata de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aquello se somete a votación del Comité de Ministros, para lo cual el SEA lleva una propuesta técnica de la resolución, transcurriendo meses para someter a votación del Comité los recursos administrativos y luego otros tantos meses (y más de un año en ocasiones) para dictarse la resolución asociada al acuerdo, lo cual demora la tramitación y genera los peligros de falta de imparcialidad como ocurrió con el proyecto Dominga.

Finalmente, en este ámbito recursivo, la vía judicial que sigue a la administrativa se ha transformado en otra piedra de tope, pues un mismo proyecto se puede impugnar por distintas vías, paralela o sucesivamente, por lo cual una calificación ambiental puede demorar años en quedar firme.

En este sentido, existe la tarea para titulares de presentar estudios técnicos completos y sólidos y así evitar el retraso en obtener una calificación ambiental favorable debiendo ingresar nuevamente al SEIA, pero también, corresponde al ente regulador hacerse cargo de las problemáticas asociadas a la institucionalidad ambiental y vías recursivas. De esta manera, es necesario fortalecer un sistema que reduzca la proliferación recursiva y sus etapas, privilegiando siempre una decisión técnica más que política pues esta última contribuye a generar incerteza entre la comunidad y titulares.

Como país, hemos avanzado en las instancias técnicas tanto en el SEA como en Tribunales Ambientales, es ahí donde debemos centrarnos y fortalecer el sistema para evitar demoras, preveer riesgos y desarrollar proyectos de manera segura que beneficien a la comunidad local, que no pierda de vista el bien común y la posibilidad de un crecimiento sostenible.

Por Yordana Mehsen, abogada litigante, consultora en WeAre1, LLM UC, MBA UC; ex jefa de litigios y recursos administrativos en el Servicio de Evaluación Ambiental; y Álvaro Videla, jefe de Programa Diplomado de Sostenibilidad en la Industria Minera UC; académico Departamento de Ingeniería de Minería, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile