El proyecto de ley presentado representa un hito político relevante para el gobierno. Tras años de escepticismo y dudas, el Presidente cumple su promesa y presenta una propuesta para reemplazar el sistema de créditos estudiantiles y condonar la deuda estudiantil, tal como se comprometió en su programa. Más allá del significado político, es importante destacar algunas características del proyecto y analizar cómo podría transformar el sistema de educación superior del país.
El proyecto sustituye los actuales sistemas de crédito estudiantil (Crédito con Aval del Estado y Fondo Solidario de Crédito Universitario), así como algunos programas de becas que han quedado en desuso tras la implementación de la gratuidad. El nuevo instrumento puede describirse como una “contribución pública contingente al ingreso” de los graduados. Con este mecanismo, aquellos estudiantes que no puedan acceder a la gratuidad podrán cursar estudios superiores sin costo inicial, comprometiéndose a contribuir un porcentaje limitado de sus ingresos futuros durante un tiempo proporcional a la duración de sus estudios.
El proyecto también contempla un plan de condonación de deudas estudiantiles, con tres modalidades. La primera es una condonación inmediata de entre $500.000 y $2.400.000 millones para todos los deudores del CAE, Fondo Solidario y créditos Corfo que se acojan al plan. Además, se incluye una condonación progresiva para quienes mantengan saldos pendientes, permitiéndoles acogerse al nuevo sistema y obtener mejores condiciones de pago que en los esquemas actuales.
Aunque no se trata de una condonación total, en el sentido de eliminar completamente todas las deudas, sí es una solución universal que, de aprobarse, beneficiará a todos los deudores según su situación académica e historial de deuda. La política no solo representa un alivio inmediato, sino que también incentiva la transición hacia un nuevo sistema que no estará intermediado por los bancos. Con ello, los beneficiarios pasarán de ser deudores bancarios a ser contribuyentes de un sistema público de financiamiento de la educación superior, complementario a la gratuidad.
En perspectiva, este proyecto resuelve problemas que han afectado al sistema de financiamiento de la educación superior durante más de una década. En primer lugar, pone fin al CAE, tras 13 años de intentos fallidos y tres proyectos de ley en los gobiernos de Piñera I, Bachelet II y Piñera II. Con el fin del CAE, también se elimina el rol de los bancos en el sistema educativo, así como los subsidios públicos al sector financiero y las prácticas abusivas de cobranza e intereses, que han hecho de la deuda estudiantil una carga insostenible para casi 2 millones de deudores y sus familias.
El nuevo sistema mantiene una contribución financiera de los egresados, pero cambia el enfoque de los subsidios públicos: en lugar de proteger la rentabilidad de los bancos, protegerán los ingresos de los graduados. Este cambio permitirá que solo los egresados que se beneficien económicamente de su educación contribuyan, y que sus pagos no afecten su capacidad para generar riqueza ni su movilidad social, que son los principales objetivos que motivan a los estudiantes a ingresar a la educación superior y la principal frustración con los créditos estudiantiles. El crecimiento constante de intereses y multas, sumado al impacto que el pago de la deuda tiene en la estabilidad financiera de los deudores y sus familias, y la frustración por la promesa incumplida de movilidad social son las problemáticas críticas que erosionaron la legitimidad social de los créditos estudiantiles y en particular del CAE.
La reforma profundiza los cambios iniciados en 2015 con la introducción de la gratuidad y la ley de educación superior, que crearon un nuevo instrumento de financiamiento y un marco regulatorio para el sector. Estos cambios respondieron a la crisis del mercado educativo que reveló el movimiento estudiantil de 2011. El movimiento denunció el alto costo de la educación, la desprotección de los estudiantes frente a las instituciones y los bancos, y la falta de igualdad en la calidad educativa, además del lucro, que desviaba sistemáticamente recursos públicos y de los estudiantes de los fines educativos y de investigación, misión fundamental de las universidades.
El reciente escándalo por los sobresueldos de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, así como otras investigaciones sobre lucro en universidades privadas, junto con los problemas de morosidad y sobreendeudamiento derivados del actual sistema de créditos, nos recuerdan que la crisis del mercado educativo sigue abierta. Si bien las reformas de 2018 abordaron aspectos críticos del sistema, quedaron pendientes desafíos importantes particularmente en materia de sobreendeudamiento y reformas al sistema de créditos, que los gobiernos previos han buscado resolver. Sumado al proyecto de ley de crédito público de la Presidenta Bachelet, el gobierno de Piñera II también propuso un crédito público contingente al ingreso. Además, el gobierno implementó un plan de reestructuración de las deudas del CAE. Este plan fue ejecutado el 2020, pero tuvo menos de 30.000 beneficiarios, no logrando resolver el problema del sobreendeudamiento de los y las graduados/as.
Frente a estos desafíos, el nuevo proyecto de ley avanza un paso más en la ruta de cambios hacia un sistema público de financiamiento que garantice educación pública, gratuita y de calidad para todo el país, tal como se soñó en las calles hace más de una década, y tal como el país lo espera.
