Constitución: cruzando espadas

Más bien, debatiendo ideas. El 2018, el exministro y diputado Jorge Insunza publicó su libro “Nudos ideológicos de la Constitución”. Criticaba la Constitución de 1980 por carecer de legitimidad de origen dada su génesis en el gobierno de Pinochet y por mantener ciertos enclaves autoritarios, así como resabios de la llamada “democracia protegida”. Importantes temas intelectuales de gran nivel. Ahora, justo lo deseado, se trata de discutir acerca de una nueva Carta Fundamental nacida de un plebiscito.

Las constituciones responden al tiempo en que se construyen, pero no pueden ser serviles a expresiones populares circunstanciales, ni menos a satisfacer a minorías que se valen de estallidos violentos para alcanzar sus fines. Necesariamente, las normas fundamentales han de ser una guía encaminada a establecer un orden social perdurable, con reglas estables y claras, que garanticen a las personas sus derechos y también determinen sus obligaciones.

En la elaboración de una nueva Constitución pueden enfrentarse visiones ideológicas antagónicas, con distintas concepciones del ser humano y sus derechos esenciales, especialmente sobre el derecho a la vida, el derecho de propiedad y su función social, la intervención del Estado en la economía, el derecho a la salud, la educación y la jubilación digna, entre otros.

Se espera un profundo y ojalá fructífero debate. No obstante, ciertos reformistas parecen guiados por una ideología con resabios del antiguo allendismo, con sus propios enclaves y nudos. Por ejemplo, la participación del Estado en la economía hará desaparecer el principio de subsidiariedad; si se limita el derecho de propiedad extendiendo su función social a materias distintas de la que hoy se establecen y que deben ser declaradas por ley (interés general de la Nación, seguridad nacional, utilidad y salubridad públicas y conservación del patrimonio ambiental), se dañará este derecho; si se modifica el pago al contado de la indemnización en caso de expropiación, entonces se habrán desmantelado derechos y garantías esenciales para las personas.

La necesidad de reforzar derechos no pasa por volverlos contrarios al avance del país. Desde luego, si hay que mejorar las garantías de libertad, igualdad, no discriminación, acceso a la propiedad y su esencial resguardo, nadie podría oponerse, mientras existan conceptos y definiciones claros que apunten a esos fines de manera constructiva y no oportunista. Lamentablemente, han sido las leyes llamadas a concretar los derechos y garantías de la comunidad las que los han convertidos en débiles e ilusorios: educación, salud y pensiones, entre otros.

La nueva Constitución debiera centrarse en la protección de las personas y especialmente su desarrollo en plenitud, con respeto a sus derechos y garantías. Falta definir los conceptos que integrarán estos fines.