La conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas nos obliga a observar con sentido crítico los avances, oportunidades y desafíos que enfrenta Chile para hacer frente a este delito. Aunque existen esfuerzos relevantes en el plano judicial, policial y legislativo, el fenómeno de la trata en el país sigue siendo un problema estructural, poco visibilizado y con múltiples barreras para su prevención y persecución efectiva.

Según el reciente informe elaborado por el Centro de Políticas Migratorias y la Fundación Madre Josefa, entre 2011 y 2023 se han registrado 140 investigaciones penales por trata de personas en Chile. Sin embargo, de estos casos, solo 24 han terminado con sentencias condenatorias y en 37 causas no se logró establecer que existiera el delito. Esta cifra no solo revela la dificultad para acreditar judicialmente la trata, sino que también muestra una baja tasa de condenas que puede desalentar futuras denuncias.

El informe destaca que la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la modalidad más visible en los procesos judiciales, pero también advierte un incremento de casos de trata con fines de explotación laboral y servidumbre. Adicionalmente, se destaca que la mayoría de las víctimas son mujeres extranjeras, quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, lo que usualmente se vincula a encontrarse en situación migratoria irregular, siendo más propensas a ser víctimas de este delito y, a su vez, es una barrera para su acceso a la justicia, ya sea por desinformación, y/o temor a consecuencias como la expulsión.

En este complejo contexto de baja tasa de condenas, y el aumento de modalidades de explotación laboral y de servidumbre, uno de los mayores desafíos es poder contar con un aparataje estatal capaz de detectar tempranamente dinámicas de explotación tanto en el ámbito transnacional como doméstico, abordando el delito desde una perspectiva de derechos humanos donde se ponga al centro a las víctimas. En tal sentido, se propone avanzar en la coordinación intersectorial entre instituciones migratorias, judiciales, policiales y sociales, incorporando a la sociedad civil como actor clave en la identificación, acompañamiento y protección integral de las víctimas. Es de suma urgencia poder contar con la capacidad institucional y presupuestaria que permita brindarles una protección adecuada, tener la capacidad efectiva de relocalizar a las víctimas, brindarles el adecuado apoyo psicológico, acompañar su reinserción sociolaboral, entre otras.

Otro de los desafíos pendientes es la fragmentación institucional. Si bien existen diversos protocolos y mesas interinstitucionales con planes de acción y objetivos claros, las barreras se encuentran en que esos espacios tengan la capacidad y recursos para avanzar de manera efectiva. A esto se suma la carencia de un sistema nacional de información sobre trata de personas, situación que impide dimensionar correctamente la problemática y diseñar respuestas proporcionales a la misma, sumado a la falta de una política pública integral, con lineamientos y metas definidas, lo que limita el impacto de las acciones que se despliegan.

Por otro lado, aún persisten desafíos en la condena de casos de trata con fines de explotación laboral, al calificarlos como casos donde existe abuso en materias laborales, mas no el delito de trata de personas, lo cual genera una fuerte victimización secundaria y desincentiva las denuncias y adherencia al proceso judicial. El actual debate legislativo ofrece una oportunidad para saldar deudas importantes en esta materia. La reforma al delito de trata, actualmente en discusión en el Congreso, puede ser una instancia para actualizar la tipificación penal, adaptándola a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y combate a la criminalidad organizada. Sin embargo, para que esta reforma sea efectiva, debe ir acompañada de recursos adecuados, formación especializada y voluntad política para transversalizar el enfoque de género, infancia y migración en todo el proceso penal y de protección.

Si miramos la experiencia internacional, podemos encontrar algunos ejemplos para avanzar hacia ese objetivo. Estados Unidos ha apostado por una estrategia nacional de múltiples pilares, que combina persecución penal, prevención, protección y cooperación internacional. Italia ha puesto énfasis en la protección de víctimas a través de programas de regularización y acompañamiento psicosocial. Francia, por su parte, ha reforzado sus mecanismos de inspección laboral y sus campañas de sensibilización. En todos estos casos, la articulación institucional y la recopilación sistemática de datos han sido claves para orientar las políticas públicas.

Este 30 de julio es una ocasión propicia para reafirmar el compromiso del Estado de Chile y de la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas. El trabajo interinstitucional demuestra que es posible generar conocimiento riguroso, propositivo y conectado con las urgencias del presente. Pero este esfuerzo debe traducirse en decisiones institucionales y legislativas concretas y orgánicas. Chile necesita una política nacional integral contra la trata que cuente con un enfoque interseccional, presupuesto propio y suficiente, y mecanismos permanentes de seguimiento. El desafío es claro: transformar los compromisos en acción y la conmemoración en un punto de inflexión hacia una respuesta estructural, efectiva y sostenible contra este delito, poniendo a las víctimas y su protección efectiva en el centro.

Por Diego Chaparro y Elisa Fermandois, investigadores del Centro de Políticas Migratorias