La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma constitucional que buscaba restablecer el voto obligatorio, debido a que no se alcanzó el quórum requerido: la iniciativa necesitaba 93 votos a favor, pero logró 89, con 44 en contra, fundamentalmente de diputados oficialistas.

Aun cuando parlamentarios de oposición evalúan volver a presentar el proyecto -ello es posible porque la Cámara había aprobado en general la idea de legislar-, es un hecho que se ha enviado una señal muy confusa a la ciudadanía, donde no parece estar prevaleciendo un debate de altura, sino más bien cálculos de corto plazo que no contribuyen a prestigiar la labor parlamentaria ni resultan en sintonía con el anhelo de fortalecer los procesos democráticos y favorecer la participación ciudadana.

En el país se había estado creando un ambiente favorable para volver al voto obligatorio, y abandonar el esquema voluntario establecido en 2012. Así, además de la aprobación en general que la Cámara de Diputados había dado a esta idea en diciembre pasado -con 96 votos a favor y 33 en contra- se suma la consulta ciudadana que impulsaron una serie de municipios -86% de quienes participaron se mostró proclive a la iniciativa- y recientes estudios de opinión también lo avalan. El rechazo que se ha dado en la Cámara, aun cuando por estrecho margen, envía una señal contradictoria, sin justificar bien por qué lo que se aprobó en general -y sin mediar nuevos antecedentes- ahora se vota en contra.

El gobierno se había mostrado contrario a migrar hacia el voto obligatorio, haciendo ver una cierta improvisación y que éste no era el momento adecuado para una innovación de esta naturaleza. Se pasa por alto que parece existir una mayor conciencia sobre la importancia de que la elección de autoridades y grandes decisiones que inciden en la marcha del país involucren a la mayoría y no solo a los grupos políticamente más movilizados.