En la columna anterior, expliqué los mecanismos arbitrarios y poco transparentes usados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para subir las contribuciones. Además presenté datos que demuestran que este impuesto ha crecido fuertemente en comunas de clase media y no en municipios de altos ingresos. Luego supimos que la deuda por contribuciones creció treinta y dos veces entre 2019 y 2024 con alzas superiores al 4.000% en comunas como Quilicura, Santiago o Estación Central.

Pese a esta evidencia, y a las críticas de tasadores y expertos tributarios, el gobierno sigue defendiendo este impuesto territorial con argumentos falaces y payasescos. El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, insistió que los reclamos provenían de sectores ricos, y que las contribuciones han subido mucho, ya que se fiscalizan mejor las piscinas de las casas. El ministro Mario Marcel afirmó que eliminar las contribuciones solo beneficiaría a las comunas del “barrio alto”, generando un gran perjuicio sobre los municipios más pobres. Su férrea defensa de la equidad contrasta con el relajo mostrado por Marcel cuando la contralora Dorothy Pérez informó que bajo su administración se detectaron irregularidades por $1,5 billones.

Este doble estándar es indignante pero esperable en una coalición que ha llevado el gasto público a niveles nunca vistos. Lo sorprendente es una parte de la oposición – en específico Renovación Nacional y Evopoli- se hayan sumado a Etcheberry y Marcel, defendiendo las contribuciones y afirmando que son fundamentales para financiar los municipios.

¿Pero qué tan cierto es esto? Para despejar este punto analicé la evolución de los presupuestos municipales entre 2020 y 2024 consultado los datos de SINIM. El primer hallazgo era esperable. El gasto municipal creció varias veces más que la economía con una tasa anual real del 8,3%. En dólares eso significa pasar de $6.289 a $ 9.374 millones entre 2020 y 2024. La propuesta del Partido Republicano para eliminar la contribución para la primera vivienda tiene un costo de $ 400 millones / año. Es decir, cubre solo un 4% del gasto municipal.

Luego miré el desglose por partidas para ver en qué gastan los municipios. Me preocupé de las iniciativas de inversión, que son aquellas que generan mejoramientos concretos en la calidad de vida urbana como nuevos pavimentos, áreas verdes o veredas. Con sorpresa pude ver que esta partida representa solo un 6,5%. Si la plata no se gasta en inversión, supuse que se debiera destinar a mantener áreas verdes y alumbrado público, un tema clave para la seguridad. Pero me equivoqué nuevamente ya que ambas partidas representaban solo el 4,1% del gasto en 2020 y este porcentaje cayó a 3,9% en 2024.

Si la plata no va a inversión o mantención de espacios públicos ¿a qué se destina? Una de las partidas que más crece es “personal a contrata”, que son funcionarios adicionales a la planta que son incorporados por los alcaldes. Entre 2020 y 2024 el gasto en contrata subió un 12% anual real, pasando de $ 319 millones a $564 millones de dólares por año. Otro item disparado es el genérico “Otros gastos de Personal”, que crece un 9,3% anual agregando otros $140 millones de dólares cada año.

Luego de ver estos datos, me pregunto qué están defendiendo los políticos de oposición cuando se niegan a eliminar las contribuciones a la primera vivienda. ¿Están cuidando la equidad territorial o no quieren darle un punto al candidato que les compite en la presidencial? ¿O querrán mantener la glosa de “contrata” que permite sumar operadores políticos?

Para evitar estas sospechas, es fundamental que el debate de las contribuciones se haga sobre datos ciertos y no sobre prejuicios o lugares comunes. Para ello es clave que se transparenten los mecanismos para calcular el monto del avalúo fiscal y su alza, así como el destino y la efectividad de los millones gastados en personal adicional a las plantas municipales.