Crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para conocer sobre la situación de Venezuela evacuó recientemente su informe, un extenso documento en el que comprobó graves y extendidas violaciones a los derechos humanos, las que fueron promovidas y amparadas por el propio régimen, encontrando responsabilidades directas del propio Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa, quienes -conforme las conclusiones- tenían pleno conocimiento de los crímenes.

El grupo de expertos tenía por misión indagar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos inhumanos. En los casos que lograron ser investigados -cuyos testimonios debieron recogerse telemáticamente, ante la ausencia de facilidades por parte del gobierno-, se lograron identificar “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas de Estado”, constituyendo crímenes de lesa humanidad. El período bajo investigación abarca desde 2014, pudiendo concluir que las fuerzas de seguridad del régimen -especialmente el Cicpc y las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana- son responsables de más de cinco mil muertes, entre muchos otros hechos aberrantes.

Las conclusiones del informe no hacen sino confirmar el diagnóstico que a mediados de 2019 ya había formulado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la propia ONU (2019), así como el de entidades como Human Rights Watch, que dan cuenta de la grave crisis social, política y humanitaria que el chavismo ha provocado en Venezuela -casi 10 millones de personas encuentran dificultades para acceder a alimentos, y más de cuatro millones han debido emigrar del país-, dramáticamente teñido por el escarmiento a los derechos fundamentales, especialmente contra opositores al régimen.

Frente a un cuadro así, en que incluso se han tipificado las infracciones más gravosas como son los crímenes de lesa humanidad, solo cabe el repudio y la condena inequívoca al régimen chavista, el que además ha cooptado todas las instituciones y busca enquistarse en el poder a través de maniobras fraudulentas. Sin embargo, y pese a la contundencia de los antecedentes que comprueban el drama venezolano, el Partido Comunista (PC) chileno una vez más ha evitado condenar estos hechos, cuestionando la calidad del reciente informe, acusando entre otras supuestas debilidades que no fue riguroso en la obtención de las pruebas, y que pasó por alto la cooperación que el propio régimen ha prestado en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

La retrógrada e incomprensible postura del PC le ha valido duras críticas incluso de sus ex aliados de la Nueva Mayoría, cuestionándose su vocación democrática y su calidad de defensor de los derechos humanos. Está por verse hasta qué punto esta incapacidad para reconocer y condenar hechos gravísimos e indesmentibles podría afectar su capacidad para tender alianzas con otros partidos de la centroizquierda, o resentir a quien aparece como su más probable carta presidencial, el alcalde de Recoleta, quien si bien condenó todo de tipo de violaciones a los derechos humanos, evitó una censura explícita al régimen chavista.