SEÑOR DIRECTOR

Un grupo de siete u ocho encapuchados, vestidos con ropas de camuflaje y armamento de guerra, detuvieron violentamente a tres camiones madereros en un camino de difícil acceso en Carahue. Los desconocidos hicieron bajar de las máquinas a sus choferes y los hicieron correr mientras les disparaban. No, esta no es la escena de una película sobre el crimen organizado; ocurrió el miércoles pasado en la Región de La Araucanía.

Lo más grave de estos hechos es que estas redes de delincuentes, que están operando sin control en el sur de Chile, ya no solo destruyen la fuente laboral y las propiedades de trabajadores, pequeños y grandes empresarios, sino que avanzaron hacia un estadio superior: atentar salvajemente contra las personas.

Su objetivo, declarado por ellos mismos, es uno solo: desestabilizar la democracia chilena. Señalan que estamos en una guerra y con fusiles de guerra amenazan la seguridad nacional, a las familias, a los trabajadores del sur de Chile.

Por eso no comprendemos la decisión de la Contraloría General de la República, que echa por tierra la opción de que las Fuerzas Armadas ejecuten acciones de colaboración a las autoridades civiles y fuerzas policiales en la zona, aunque sea para disuadir a estos grupos paramilitares que se pasean libremente por los caminos de nuestra región.

Acá se ha hecho una notable diferencia con el norte del país, donde, debido a la crisis migratoria, el mismo contralor validó un decreto presidencial que perseguía los mismos fines. Lo que no considera es que en La Araucanía y el sur de Chile está en juego la seguridad nacional. No estamos frente al combate de la delincuencia común, estamos frente al accionar de organizaciones criminales que han declarado públicamente que están en una guerra contra el Estado.

Patricio Santibáñez

Presidente Multigremial de La Araucanía