La Cámara de Diputados ha solicitado al Presidente de la República poner urgencia al proyecto de ley, de iniciativa de diputados del Frente Amplio, que busca que los parlamentarios reciban, como máximo, hasta 20 veces el ingreso mínimo mensual, reduciendo con ello su remuneración a prácticamente la mitad de la cifra actual. La iniciativa, tal y como está planteada, encierra elementos populistas, al carecer de los elementos y fundamentos necesarios para sostener en base a ella un debate definitivo.

Pero más allá de esa iniciativa en concreto, la cuestión de fondo que se ha planteado merece una reflexión, en particular luego de que el propio Presidente de la República hiciera ver que la dieta parlamentaria es muy elevada, y que en general debería revisarse la estructura de sueldos en toda la administración pública. La dieta parlamentaria es la remuneración que recibe un congresista por el ejercicio de sus funciones. La forma de determinarla está establecida en Chile en la Constitución, la que dispone que la dieta será equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado.

Dicha remuneración se compone de un sueldo base y diversas asignaciones, incrementos y bonos, y los reajustes que correspondan. Las razones para remunerar esta labor son variadas: permitir igualar la cancha entre los distintos grupos que participan en la vida política, con independencia de los recursos económicos de sus miembros; atraer talentos y profesionalizar la actividad, permitiendo que exista dedicación exclusiva a la labor parlamentaria; y habilitar que cualquier persona pueda postular al cargo y cumplir su rol de representación, minimizando los riesgos de captura y contribuyendo a la autonomía en el ejercicio de su cargo, entre otros. No obstante, cierta parte de la opinión pública y diversos parlamentarios han criticado el monto al que asciende la dieta, fundando su reproche en que ésta no se adecuaría a la realidad nacional, a la búsqueda por reducir las desigualdades y en que, en comparación con otros países de la OCDE, resultaría elevada. La señal de austeridad también se ha esgrimido como un argumento.

Pero lo cierto es que una propuesta que busque resolver este debate, en forma permanente, requiere de una discusión seria, alejada del oportunismo político, y ha de fundarse en criterios objetivos y transparentes. Para ello, junto con examinar en su mérito los argumentos anteriores, debieran también sopesarse otras consideraciones y factores, por ejemplo, si la forma en que se construye la remuneración debiera considerar una base mucho más baja que la actual y a partir de ahí considerar bonos para incentivar la preparación continúa de los representantes, propendiendo a mejorar las capacidades de los parlamentarios. Asimismo, también podría debe considerarse la experiencia internacional comparable.

Siendo las consideraciones anteriores legítimas, cabría no perder de vista que el problema más acuciante de nuestra política es el elevado número de parlamentarios, y las cuantiosas asignaciones que reciben para su trabajo legislativo, las que suelen ser fuente de despilfarro o utilizarse para fines propagandísticos. Una reducción sustancial a estas últimas sería una señal muy consistente con el afán de mayor austeridad.