Por Julio Castro, rector de la Universidad Andrés Bello

Hemos iniciado un proceso inédito en la historia de nuestro país. Será una oportunidad única, que no han tenido las generaciones anteriores, que nos permitirá debatir y consensuar una nueva Constitución que nos guíe como sociedad en las próximas décadas.

La educación es uno de los derechos centrales que nuestra Carta Magna debería reconocer y garantizar, porque permite que las personas puedan crecer y desarrollarse a lo largo de su vida, ello además de ser la base de desarrollo de cualquier sociedad

En esa línea, y en materia de educación superior, este debate nos dará la oportunidad de establecer no solo una mención directa a ésta, que hoy no es explícita, sino también de plasmar en este nivel educativo la provisión mixta, que permite la coexistencia de proyectos educativos públicos y privados.

Tomando en cuenta el reconocimiento al aporte de la educación mixta, soy un convencido que hoy la única diferenciación entre universidades que debiera existir es entre universidades estatales y no estatales. Tanto el Estado tiene derecho a tener sus instituciones para que promuevan los valores le interese promover, como los privados tienen el derecho a liderar proyectos educativos diversos que enriquezcan al sistema educacional en su conjunto. Esto mismo se viene planteando ya por parte de diversos expertos desde el año 2007, cuando operó la Comisión Asesora Presidencial convocada por la expresidenta Michelle Bachelet.

Todas las universidades cumplen un rol público, sean estatales o no estatales, dado su aporte a la generación de conocimiento y contribución al desarrollo económico, social y cultural del país, a través de la formación de los profesionales, investigadores y emprendedores que necesita Chile.

Esta libertad de enseñanza es uno de los pilares fundamentales que garantiza una educación libre, con pluralidad de perspectivas y visiones, y actúa como cortapisa en caso de que distintos gobiernos quisieran influir ideológicamente en la formación de las nuevas generaciones.

Pero esta libertad de enseñanza y la capacidad de generar proyectos educativos diversos, debe tener también una base mínima que sea fiscalizada por el Estado: la calidad. No se trata de solo de tener un sistema diverso que responda a las necesidades de cada familia, sino también un sistema que garantice el cumplimiento de los perfiles de egreso de los estudiantes, acorde a las necesidades de éstos y de la sociedad. Si bien ello no necesariamente, en detalle, es materia de una Constitución, sí debe resguardarse a través de las distintas leyes.

Hoy la Ley de Educación Superior publicada en 2018 dictamina el cierre de universidades no acreditadas, estableciendo a su vez mecanismos de alerta previa para evitar que las instituciones caigan en esa categoría. Un paso necesario para garantizar la calidad de la enseñanza que se imparte.

Pero debemos tener cuidado. No se trata de apuntar con el dedo ni hacer caza de brujas. Por el contrario, el foco del regulador debe apuntar a acompañar a las universidades que tengan dificultades, apoyarlas y buscar alternativas para que desarrollen sus proyectos educativos de la mejor forma, porque el cierre es un proceso muy doloroso para su comunidad. Es muy necesario como última instancia, pero las alertas previas y la forma en que acompañamos a esas instituciones debe ser fortalecida.

Escribir una nueva Constitución es una tremenda oportunidad histórica, soy optimista y estoy esperanzado en que este proceso, que fue el que eligió la mayoría de las chilenas y chilenos, nos permitirá contar con un pacto social reconocido por todos que nos lleve a ser un mejor país. Todas nuestras universidades, estatales y no estatales, cumplen un rol fundamental.