La escasez de profesores en Chile ha dejado de ser un asunto sectorial para convertirse en una emergencia nacional. Según proyecciones de Elige Educar, el país enfrentará un déficit superior a 33 mil docentes hacia 2030, especialmente en educación básica, ciencias y zonas extremas. Esta carencia compromete la calidad del aprendizaje y profundiza las desigualdades territoriales. Ninguna reforma curricular, tecnológica o de gestión puede prosperar sin quienes sostienen la enseñanza: los profesores. Las causas son claras. Una sobrecarga administrativa excesiva resta tiempo pedagógico, la falta de incentivos profesionales desincentiva la permanencia y la escasa valoración social erosiona el prestigio de la profesión. A ello se suma una formación inicial que no siempre prepara para los desafíos reales del aula. Como muestran Ávalos y Valenzuela (International Journal of Educational Development, 2016), cerca del 40% de los docentes abandona la profesión en sus primeros cinco años, reflejo de un sistema que desalienta incluso a quienes ingresan con vocación.

Desde una mirada de equidad y mérito, este desafío exige políticas claras: revalorizar la docencia como una carrera de excelencia, fortalecer la autonomía escolar, promover alianzas público-privadas y generar incentivos diferenciados para atraer talento a las zonas vulnerables. Una política moderna debe confiar más en las comunidades, reducir la burocracia y garantizar que cada estudiante —sin importar su origen— tenga acceso a docentes preparados y motivados. No se trata solo de mejorar condiciones laborales, sino de preservar uno de los pilares de la libertad individual: la posibilidad de educarse y progresar por mérito propio.

La propuesta del gobierno para modificar la ley 20.129, que introduce nuevos requisitos de admisión a las carreras de pedagogía, buscó responder al déficit de docentes sin renunciar a estándares académicos. Sin embargo, su énfasis en elevar las barreras de entrada (puntaje PAES) anticipaba un agravamiento de la crisis más que una solución efectiva. Oportunamente, el CRUCH advirtió que aplicar de inmediato el alza a los puntajes de ingreso podría reducir drásticamente la matrícula —de los 15.600 cupos actuales, apenas unos 7.200 se llenarían bajo los nuevos requisitos—, agravando el déficit. En cambio, sectores del Congreso temen que flexibilizar las exigencias debilite la calidad y el prestigio de la profesión. Ambas posiciones evidencian la falta de una estrategia integral de largo plazo que combine calidad formativa y estructuras de acompañamiento laboral que reduzcan la deserción del sistema, a la vez que incentivos efectivos.

Superar esta crisis requiere más que ajustes transitorios: demanda una estrategia político-cultural multidimensional que devuelva al profesorado su lugar central como agente relevante del desarrollo del país. Es urgente atraer y retener talento, modernizar la formación inicial y mejorar el reconocimiento social de la profesión. Sin una valoración cultural profunda del rol docente, toda reforma quedará a medio camino. Con este fin es necesario reemplazar una lógica centrada en la selección y exclusión por otra orientada a la equidad y al fortalecimiento continuo de la profesión docente, articulando de manera colaborativa a las universidades, el Estado y las realidades territoriales del país.

Revalorizar la docencia no es un gesto simbólico, sino una decisión de país. Chile solo podrá enfrentar con éxito los desafíos del futuro si reconoce en sus profesoras y profesores —más que en las reformas de turno— la verdadera raíz de su desarrollo, su equidad y su libertad.

Por Jorge Cid, académico Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez