El diagnóstico correcto ante la crisis de la Corte Suprema

Inimaginable resultaba el escenario en que junto con las investigaciones que la Comisión de Ética de la Corte Suprema abrió respecto de los ministros Sergio Muñoz, Mario Carroza, Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Ángela Vivanco -incluso respecto de esta última el Pleno abrió un cuaderno de remoción, a raíz de nuevos antecedentes particularmente comprometedores-, a la par se estén anunciando por parte de parlamentarios oficialistas y de oposición una cascada de acusaciones constitucionales. Así, mientras el oficialismo más la DC preparan una acusación en contra de Vivanco, y el PS una contra Matus, la oposición también pretende acusar a Vivanco, además de Muñoz, y se plegaría a una contra Matus, en este caso impulsada por la DC; asimismo, no se descarta que desde la bancada de RN se acuse a Carroza. Todo esto sin perjuicio de las investigaciones penales que la Fiscalía ha abierto en contra de algunos de estos ministros.

Es sin duda una crisis de proporciones, que coloca al Poder Judicial y su máxima instancia en una situación de enorme cuestionamiento y desconfianza, un duro golpe que se está traduciendo en que la valoración ciudadana respecto del sistema judicial se encuentre en uno de sus niveles más bajos. Frente a una debacle de esta naturaleza, que afecta a una institución central para el país, es indispensable actuar con suma responsabilidad, lo que no solo pasa por despejar con total transparencia la situación de cada uno de los magistrados que aparecen implicados -lo que de antemano no puede excluir la posibilidad de aplicar las sanciones más drásticas, si el caso así lo amerita-, sino que además el Congreso debe estar a la altura de las circunstancias y evitar caer en una cacería de brujas o de ver en las acusaciones constitucionales una instancia para disputas políticas.

En ese orden de cosas, es una señal valorable que el propio Pleno haya resuelto anticiparse a los hechos y abrir procesos en la Comisión de Ética, y el hecho de que incluso se haya abierto un cuaderno de remoción de la ministra Vivanco -a quien el Pleno le formula seis cargos- también puede interpretarse como un signo de que esta vez no hay espacio para defensas corporativas y que frente a hechos graves se actuará con todo el rigor, sin perjuicio de que todavía falta escuchar los descargos que hará la ministra Vivanco. Si bien todos los casos han sido destapados a raíz de chats que emergieron en los casos “Audio” y “Topógrafo”, que investiga la Fiscalía, llama la atención que el caso que implica al ministro Muñoz -donde se le acusa de haber proporcionado información confidencial a su hija, a fin de que se desistiera de invertir en un proyecto inmobiliario- no se hubiera tratado antes en la instancia ética, considerando que el caso trascendió a la luz pública por una publicación de Pulso, en diciembre de 2022, ante lo cual se debe una explicación al país.

En cuanto a la acusación constitucional, es la herramienta con que cuenta el Congreso para hacer efectivas las responsabilidades de autoridades que han fallado a sus deberes, de modo que ejercer esta facultad no resulta cuestionable en sí. Con todo, el apresuramiento con que algunas bancadas han anunciado estas acciones, y el hecho de que algunos nombres incluso se dupliquen -alimentando con ello la lógica del “empate”- no ayuda a crear el clima institucional que se busca en estos momentos. Es importante que los parlamentarios sean conscientes de que la salida a esta crisis debe ser ejemplar, lo que implica que una destitución solo procederá en caso de que existan méritos fundados para ello, porque lo contrario implicaría un gravísimo daño institucional y un fuerte desprestigio para el propio Congreso. La meta final es contar con un Poder Judicial más robustecido, lo que no se logrará politizando esta crisis.

Al momento de analizar el mérito de las acusaciones, los parlamentarios deberían tener presente que en buena medida el origen de esta crisis responde al actual sistema de designación de los jueces, donde inevitablemente se crean incentivos para la práctica del “besamanos” y se fuerza a que los postulantes deban echar mano a redes de contacto para asegurar una nominación. Así, los aspirantes al máximo tribunal deben contar con la aprobación de la Corte Suprema -que designa una quina-, del Presidente de la República, que escoge un postulante, y luego de los dos tercios del Senado, una larga cadena que expone a crear compromisos indebidos y que podría restar margen de independencia a los nominados.

De allí que bajo el sistema actual el solo hecho de pedir recomendaciones o solicitar un voto a favor no debería ser causal suficiente para una destitución, porque el diseño del sistema lleva a que en la práctica ocurra así. Distinto en cambio es si se comprobara que a cambio de dichas gestiones hay favores de vuelta o contraprestaciones, lo que claramente entra en un ámbito de corrupción o de lealtades mal entendidas, algo incompatible para ejercer un cargo en la judicatura y que claramente justificaría la destitución inmediata.

No cabe entonces que los parlamentarios rasguen vestiduras por el hecho de que se hagan gestiones de este tipo; mirado en un contexto más amplio, los parlamentarios también deben recurrir a las negociaciones y búsqueda de votos para lograr ser electos, por lo que deberían considerar que este tipo de gestiones no son cuestionables en sí. Lo cierto es que si hay consenso en que el sistema de designación favorece a que posteriormente se puedan dar situaciones comprometedoras entonces lo razonable es cambiarlo cuanto antes por otro donde el proceso de designación minimice este tipo de riesgos. Hay amplia coincidencia en la necesidad de introducir estos cambios -por de pronto la propia Corte Suprema lo viene solicitando desde hace años-, pero no debería usarse como argumento para acusar constitucionalmente, pues eso sería un grueso error de diagnóstico, sin perjuicio de que en el proceso se prueben otras causales que justifiquen la destitución.