La campaña comunicacional que el Gobierno ha ejecutado para promover su proyecto FES (que busca reemplazar el CAE con una forma de impuesto a los graduados)llama la atención por su particular lectura de las medidas que se incluyen en la propuesta. Está enfocada a la ciudadanía en general, e intenta mostrar lo conveniente que resulta el diseño del FES para los estudiantes que no acceden a la gratuidad. No parece preocuparse del efecto sobre las casas de estudio o el Fisco, lo que quizás es esperable, pero si refleja que el Mineduc buscó en su diseño un esquema extremadamente beneficioso para los estudiantes ¿Es tan así?

Lo primero a decir es que, efectivamente, el FES elimina el copago, al igual que la gratuidad. Pero hay un detalle importante: a diferencia de la gratuidad, esta eliminación del copago viene con “letra chica” para el estudiante. Lo cierto es que podría terminar pagando más, o mucho más. Veamos.

El FES es un esquema de reparto. Su sustentabilidad fiscal se basa en que los graduados que trabajen formalmente sustentarán mediante un impuesto a los que no trabajan. Esto es posible solo porque hay un sobrepago: se espera que los graduados beneficiados que tengan buenos ingresos paguen más (hasta tres veces más según algunas estimaciones) de lo que el Estado invirtió en pagar sus carreras. Un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional mostró que 1 de cada 4 estudiantes beneficiados podría encontrarse en una situación de sobrepago (que es lo mismo que decir que los estudios del 75% de los beneficiados serán pagados por los contribuyentes, es decir, por otros que no se beneficiaron en nada de sus estudios). Nadie sabrá con seguridad, al momento de matricularse, cuánto terminará pagando. Por lo pronto: estudiantes de medicina o ingeniería civil – sean de origen vulnerable o no - podrán estar seguros desde el primer día que pagarán de sus sueldos, por hasta 20 años, la educación superior de estudiantes de las facultades vecinas. Esto sería interesante de comentar en las instancias de proselitismo que la SEGEGOB organiza en la materia.

Así, para un grupo de beneficiarios, la eliminación del copago no es suficiente para compensar lo que deberá pagar adicionalmente por el impuesto a los graduados.

Pero no es solo eso. Además, el FES implica la eliminación de toda forma de ayuda estudiantil para las universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales que no estén adscritos a dicha política. Hoy, 94 mil estudiantes con CAE y 83 mil con becas estudian en instituciones no gratuitas, y la mayoría son de los 6 primeros deciles de menores ingresos. Si esas instituciones deciden no adscribir al FES (por el impacto financiero que les implicará perder el copago, lo que han reconocido transversalmente varios rectores), el proyecto afectará negativamente el accesode estudiantes vulnerables a la educación superior, aumentando la segregación socioeconómica del sistema. Por otro lado, si una institución gratuita decide no adscribir al FES, por el déficit que le causaría, ¿qué pasa con sus estudiantes de clase media? No tendrían ningún beneficio. La universalidad del FES y sus supuestos para unos, van en desmedro de otros.

Un último grupo de estudiantes afectados: la matrícula online. El FES elimina todo tipo de ayuda estatal para los estudiantes online, que ha crecido 676% en la última década (informe 2024 del SIES) y 201% en los últimos cinco años. Hoy representan nada menos que el 12,4% de la matrícula total de pregrado. No parece razonable reducir el número de personas beneficiadas respecto al CAE.Considerando la exclusión de la educación online, es curioso que el Mineduc use la palabra “modernización” para describir sus ideas.

Se preguntará cuál es la alternativa a esto. Un crédito contingente al ingreso es la mejor herramienta para el financiamiento estudiantil de la educación superior en sistemas basados en aranceles, como el chileno. El Gobierno le tiene miedo a la palabra crédito, pero debiera considerar que, correctamente diseñado y a diferencia del FES, tiene beneficios para los estudiantes, y no implica dañar a las instituciones, o transferirle el pago de la educación a otros.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar