Ningún imperio es una organización de beneficencia ni una comunión de bienhechores, por definición son maquinarias políticas de acumulación de poder a gran escala, cuyo objetivo es dominar, expandirse y controlar los recursos necesarios para fortalecer a la metrópoli. Eso hicieron los imperios que ya desaparecieron -el romano, el español, el británico y el soviético-; eso han hecho los que están en decadencia; eso harán también los que están en ascenso. Cada uno enfrentando las limitaciones de su época. En el caso de la nuestra, los frágiles límites para las grandes potencias han sido dibujados por esa débil convención llamada derecho internacional y por las organizaciones internacionales levantadas tras la Segunda Guerra.

El viernes, el New York Times publicó una entrevista a Donald Trump tras la operación de captura de Nicolás Maduro. En esa entrevista el presidente de Estados Unidos declaró: “No necesito el derecho internacional”. Trump dijo que su única limitación era su “propia moralidad”, una frase inquietante en atención a la biografía del mandatario. Maduro permanece en Estados Unidos enfrentando cargos por narcotráfico, pero el régimen venezolano se mantuvo en el poder. La intervención estadounidense -que incluyó bombardeo aéreo sobre Caracas- no contempló la participación de la oposición venezolana, tampoco existe un cronograma de transición democrática que establezca fecha de elecciones. En conferencia de prensa, Trump anunció que para controlar la situación en Venezuela se entenderían con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reconociendo así el resultado de las últimas elecciones amañadas por Maduro y ninguneando el liderazgo opositor de María Corina Machado. Hasta el minuto en que escribo estas líneas, el único gesto de cambio interno de la dictadura encabezada ahora por Rodríguez en relación con la situación de derechos humanos ha sido la liberación de un grupo de prisioneros políticos, en una gestión mediada por Rodríguez Zapatero y Lula da Silva. Algo significativo, pero insuficiente para el alcance de la crisis interna. En 2019, Michelle Bachelet, en su rol de alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, reportó la magnitud de las vulneraciones cometidas por la dictadura de Maduro: detenciones arbitrarias, abusos, torturas y más de cinco mil muertes en operativos policiales, es decir, ejecuciones. En junio pasado, la ONU publicó un nuevo documento que alertaba sobre un deterioro de la situación que incluía desapariciones forzadas. La ONU pedía entonces a Estados Unidos detener la deportación de venezolanos por el riesgo que corrían a su regreso al país. Tras la reciente intervención norteamericana en Caracas no ha habido anuncios sobre cambios en las estructuras de las fuerzas de seguridad y de inteligencia responsables directas de las violaciones a los derechos humanos consignadas en los reportes internacionales.

La diáspora venezolana celebró la destitución de Maduro como si fuera el fin del régimen, aunque el propio Presidente Trump fue franco: el objetivo del bombardeo y captura de Maduro era el control del petróleo, no tumbar la dictadura. En su primera conferencia de prensa tras el operativo, nunca mencionó la palabra “democracia”, tampoco “derechos humanos”. Había razones para ser suspicaces, aunque naturalmente para quienes han sufrido el exilio forzado ver al dictador castigado era un motivo de alegría que no buscaban matizar. El reclamo de quienes alertaban sobre la violación al derecho internacional que supuso la operación norteamericana fue interpretado por un sector del exilio venezolano como una especie de ofensa a sus padecimientos, de desconsideración agresiva. Las redes sociales contribuyeron a que velozmente ese debate se transformara en una pelea de hinchadas y comparaciones inconducentes entre dictadores, como si estuviéramos en presencia de un concurso de villanos. Era el resultado de la combinación entre el auge de la cultura del matón de la clase impuesta por la ultraderecha internacional en las redes sociales, con una diáspora hastiada conformada por millones de personas repartidas entre España y América. Una parte de esa comunidad en el exilio suele interpretar las realidades locales en clave venezolana, provocando roces políticos, choques culturales y de convivencia en los países de acogida.

El legado de la dictadura venezolana en el continente es profundo y venenoso: hay un sector de la izquierda nacional que no quiere reconocerlo o lo minimiza, y otro de la derecha que lo usa sin escrúpulos, olvidándose del tejado de vidrio histórico que luce sobre su cabeza. Mientras tanto, el Presidente Trump anunció el retorno de la doctrina Monroe, es decir, Estados Unidos retoma el rol de garante del orden del hemisferio occidental, amenazando, de paso, a Colombia y México, repitiendo su apetito por arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y anunciado el retiro de su país de más de 60 organizaciones internacionales, convenciones y tratados. Si le sumamos el declive del rol de la prensa y de los medios de comunicación como vigilantes del poder, debido a los cambios tecnológicos en curso, es el comienzo del fin de dos antiguos contrapesos al imperio durante el siglo XX.

China avanza sobre el mundo desplegando poderío económico y tecnológico; Estados Unidos, en tanto, se repliega sobre su patio trasero, amenaza a sus vecinos, persiguiendo a los inmigrantes que considera del aspecto inapropiado, refugiándose retóricamente en una nostalgia blanca y rubia de gorras coloradas y doctrinas del siglo XIX. Ya ni siquiera usa su antigua excusa imperial -cautelar o exportar libertad más allá de sus fronteras- para justificar sus intervenciones. Ahora es el momento de la ley del más fuerte, el minuto en que palabras como democracia o justicia están desapareciendo de escena, el tiempo en que el valor de los hechos es tan insignificante como lo son aquellos países de la periferia que buscan controlar su propio destino.