Conversaciones con la mamá. Pelambres, garabatos, intimidades. Es cierto que las filtraciones que han sido reveladas en este último tiempo incluyen todos esos materiales, que podrían definirse como parte esencial de la esfera de intimidad de cada cual, y el derecho a pelar, garabatear, insultar o hacer lo que a cada cual le parezca en el ámbito de su comunicación privada. Si no, viviríamos en una sociedad totalitaria, carente del básico espacio de libertad individual para expresarse sin temor ni cálculo en la intimidad, al estilo Gran Hermano.

Basados en esa preocupación por la intimidad y la honra -y especialmente porque muchas de esas conversaciones filtradas no tenían que ver con la investigación por la cual la Fiscalía incautó los aparatos tecnológicos desde donde salieron estas conversaciones-, un grupo transversal de senadores ingresó un proyecto cuyo objetivo es “modificar diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida”. Los autores son los senadores Pedro Araya (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI) y Paulina Núñez (RN).

El problema es que esta ley -dada la amplitud de su redacción- podría afectar no solo a fiscales y funcionarios del Ministerio Público, sino que podría ser extensiva a los periodistas y medios de comunicación que difundan filtraciones de una causa judicial.

Esto haría, sin duda, que el remedio fuera peor que la enfermedad, y pondría en riesgo la libertad de prensa, pilar fundamental de la democracia. Porque aunque es cierto que se han conocido intimidades en las mentadas filtraciones, ha habido información de alto interés público que aquellas publicaciones han aportado. El caso Hermosilla, para empezar, no se habría conocido si Ciper no hubiera publicado esos registros. El caso Monsalve se supo primero por La Segunda, y lo mismo sucede con tantos otros casos que no caben en este espacio. Su relevancia amerita, sin duda, ser conocidos por la opinión pública, para lo que se requiere que los medios tengan la libertad de ponderar y discernir su publicación de acuerdo a criterios propios, como la relevancia y el interés público. Solo así pueden hacer una adecuada fiscalización de las autoridades y de quienes ostentan el poder político, económico o de cualquier otro tipo.

Por eso es justamente que en las democracias se le da a la prensa un amplio mandato para ejercer su labor, sin cortapisas ex ante.

“Un periodismo que no defienda su derecho a ofender, que no pellizque narices y se ría del emperador desnudo no merece ser defendido”, dijo el destacado filósofo Michael Ignatieff, premio Princesa de Asturias 2024.

Achicar ese espacio de libertad -por justificado que pueda parecer al intentar cautelar otros derechos- es del mayor riesgo, especialmente en un momento en que la libertad de prensa está en jaque en tantos países. El gobierno norteamericano de Donald Trump está en una cruzada directa contra los medios y periodistas, a quienes ha transformado en un target de su gobierno. Tal como escribió el New York Times en un contundente editorial, lo que es realmente grave del gobierno trumpista no son algunas de sus muy discutibles políticas públicas, sino su ataque a los pilares de la democracia, uno de los cuales es la libertad de expresión y de prensa. “Los primeros 100 días del segundo mandato del Presidente Trump han hecho más daño a la democracia estadounidense que cualquier otra cosa desde el fin de la Reconstrucción. (...) A Trump le gusta decir que ha “recuperado la libertad de expresión en Estados Unidos”. En realidad, ha hecho más por restringir la libre expresión que la izquierda woke que él detesta", escribió el diario.

Esto ha incluido demandas contra medios como ABC, CBS o Des Moines Register por cobertura que no fue de su gusto. De hecho, ha amenazado hasta al propio New York Times enarbolando la misma justificación, además de perseguir encarnizadamente a personas por lo que piensan y expresan en la esfera pública.

En nuestra región la persecución a la prensa no solo ocurre en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua (además de en el autoritarismo de Bukele en El Salvador), sino que también en Argentina, donde el año pasado se contabilizaron 179 ataques a la prensa, 53% más que el año anterior, según un estudio del grupo Monitoreo para la Libertad de Expresión, de FOPEA. El ranking de agresiones a la prensa lo encabeza el Presidente Javier Milei, con 56 episodios. “Los argentinos no odian lo suficiente a los periodistas”, dijo Milei.

Quienes proponen en Chile esta moción de sanción penal antifiltraciones deben entender los alcances dañinos que puede tener esta legislación, y dimensionar la lesión no solo a la labor de los periodistas, sino a la democracia.