Un nuevo concepto recorre las reglas económicas internacionales: el de la seguridad nacional. Es uno de los argumentos invocados por EE.UU. para justificar su neoproteccionismo comercial, que nos tiene con una impensada sobretasa arancelaria de 12,5%. Pero el concepto también alcanza a la inversión extranjera. Y la política en boga es el llamado screening de inversiones en sectores sensibles o estratégicos. Chile no puede ignorar esta tendencia. Pero tampoco debe adoptarla sin más, a riesgo de afectar una de nuestras principales fortalezas: nuestra apertura a la inversión extranjera.

Las políticas de screening no son nuevas. Ya en 1961, los Códigos de Liberalización de la OCDE contemplaban una excepción por seguridad esencial. En los años 70, Estados Unidos, Canadá y Australia crearon los primeros mecanismos formales de revisión. Pero durante casi tres décadas su uso fue marginal: la mayoría de los países OCDE no contaba con mecanismos equivalentes y, donde existían, se usaron esporádicamente.

Eso cambió en la última década. En la OCDE, la proporción de países con mecanismos de screening saltó de 40% a más de 80% y los sectores cubiertos se cuadruplicaron. En EE.UU., las notificaciones ante la autoridad competente se triplicaron desde 2009. Hoy 20% de la inversión extranjera en EE.UU. y la UE es sometida a revisión, cifra que sube a 50% si se consideran solo adquisiciones. Aunque pocas operaciones terminan bloqueadas, un escrutinio tan amplio puede generar incertidumbre regulatoria. Máxime cuando la etiqueta de “seguridad nacional” también se usa con fines proteccionistas, como advierten estudios recientes.

Chile no cuenta hoy con una política explícita de screening. Pero el tema está instalado y nuestra Cancillería trabaja en un proyecto de ley. Sería ingenuo desconocer el nuevo contexto geopolítico, marcado por la rivalidad entre EE.UU. y China, que ha llevado a la mayoría de los países OCDE a adoptar estas políticas. Pero si Chile decide avanzar, hay preguntas fundamentales por responder y riesgos que sopesar.

La primera es la más obvia: ¿cuándo una inversión extranjera amenaza realmente la seguridad nacional? El concepto puede dar para mucho. Una definición demasiado amplia corre el riesgo de convertir una excepción justificable en una práctica recurrente y discrecional.

La segunda pregunta es qué se entiende por sector sensible o estratégico y dónde se trazan sus límites. Minería, telecomunicaciones, agua, electricidad, puertos, aeropuertos o carreteras podrían considerarse sectores estratégicos. Pero buena parte del desarrollo de esos sectores que le cambiaron la cara a nuestro país fue gracias a la inversión extranjera. ¿Habría llegado toda esa inversión si entonces hubiésemos tenido un mecanismo de screening?

Además, la lista puede ser eterna. ¿Por qué no mañana los alimentos, la banca, el cabotaje, el transporte terrestre o los data centers? Si, con todo, se definen sectores estratégicos, ello no debiera implicar revisar por defecto toda inversión en esos sectores, sino solo aquellas operaciones que entrañen un riesgo extraordinario y verificable para la seguridad nacional.

La propia categoría de sector estratégico encierra además un riesgo político. Y es que para ciertos sectores la etiqueta de “estratégico” puede ser la antesala de que una industria deba ser estatal.

La tercera pregunta es quién define estos sectores sensibles y bajo qué criterios. Aquí la gobernanza es clave. La institucionalidad debe ser técnica, independiente del gobierno de turno y reducir la discrecionalidad al mínimo. También debe evitar que quienes deciden sean seleccionados con criterios políticos: la política eligiendo sectores abre espacio al dirigismo y al proteccionismo económico. De ahí la importancia de anclar el sistema en los principios OCDE de no discriminación, transparencia y previsibilidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Una gobernanza débil, especialmente tratándose de inversiones millonarias, abre espacios de captura, tanto por inversionistas entrantes como por incumbentes que busquen bloquear la competencia externa. El resultado puede ser corrupción, proteccionismo y menor inversión.

Ante estas preguntas y riesgos cabe plantear un criterio general: si Chile decide avanzar en una política de screening, resulta deseable que lo haga con un enfoque minimalista, apegado a nuestra tradición de libertad económica y apertura. Un diseño pro inversión extranjera, que ojalá solo se aplique a casos excepcionales y estrictamente justificados.

El esquivo crecimiento de Chile necesita más inversión extranjera. Lo peor que podríamos hacer es introducir incertidumbre. En un mundo en que esta campea y las reglas internacionales ceden terreno a la discrecionalidad, nuestro país tiene una oportunidad en hacer lo contrario: ofrecer certeza, reglas claras y limitar al máximo la arbitrariedad. Esto es lo que, en último término, una política de screening no debe perder de vista. Por eso, en este debate clave que recién comienza: calma y tiza.

Por Ignacio Briones R. ,profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de Horizontal y exministro de Hacienda.