Equívoca señal al sistema educacional

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Avanza en el Congreso una moción parlamentaria impulsada por los senadores de oposición de la Comisión de Educación, que busca eliminar el cierre de escuelas que exhiban un mal desempeño reiterado. Tras aprobar el proyecto en general, los legisladores recomendaron su votación por mayoría simple en la sala, no obstante la secretaría previamente había expresado que se trataba de una iniciativa que requería quorum calificado, por tratarse de una materia relativa al reconocimiento oficial.

Actualmente, Ley de Aseguramiento de Calidad contempla el cierre como una medida de última instancia para el caso de establecimientos que al cabo de cinco años -y tras las medidas de apoyo técnico pedagógico que ofrece el sistema- se mantengan en la categoría de desempeño insuficiente y no exhiban avances relevantes. De esta forma, se establece la reubicación de sus alumnos en escuelas de mejor calidad, ofreciéndoles mejores oportunidades educativas tanto a ellos, como a quienes estén próximos a ingresar al sistema escolar. Esta medida, sin embargo, que aún no se ha aplicado, provoca dudas en algunos sectores que ven con preocupación las consecuencias que ello podría tener para las comunidades.

En 2019, 345 escuelas de educación básica fueron catalogadas por la Agencia de Calidad como insuficientes, anotando una baja respecto al año 2016 -primer período de medición-, cuando esta cifra llegaba a las 633. Asimismo, las escuelas de mal desempeño reiterado durante todo el período cayeron desde las 218 de 2018 a solo 120 en 2019, lo que da cuenta de un progreso. Más aún, si se consideran los avances en algunos de sus indicadores, una parte significativa de estas escuelas han logrado librarse por el momento del cierre y a la fecha hay apenas 36 que se mantienen en situación de riesgo, en espera del desempeño que registren el presente año.

En ese contexto, el proyecto presentado por los senadores dejaría sin consecuencias el mal desempeño reiterado de las escuelas que no logren avances constatables, truncando una parte de la ley, sin introducir a su vez algún elemento alternativo que la complete. Considerando que se ha cumplido casi una década desde la promulgación de la Ley de Aseguramiento de Calidad, que nació de un acuerdo político transversal respecto a la necesidad de involucrar al Estado en medidas concretas que permitieran asegurar estándares mínimos de calidad, no parece conveniente modificarla de forma abrupta. En cambio, sería aconsejable esperar a que se cumpla el primer ciclo de su aplicación para ahí poder evaluar su impacto y sobre la base de ello decidir qué cambios pueden ser necesarios.

Y en cuanto al eventual cierre de escuelas que podría llegar a producirse en los próximos años, el foco debiera ponerse en la correcta reubicación de sus alumnos, pues es ahí donde se juega el éxito de esta medida, tal como lo indica la experiencia de otros sistemas educativos. En lugar de seguir tolerando el mal desempeño y evadiendo las consecuencias que el sistema contempla, cabe poner el centro en los estudiantes y procurar la implementación de la ley.

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