La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se encuentra analizando una moción parlamentaria que propone eliminar el límite máximo a la indemnización por años de servicio. Esta iniciativa se aleja de las recomendaciones internacionales, considerando que el sistema chileno ya figura entre los más costosos dentro de los países miembros de la OCDE.

A nivel comparado, existen diversos modelos de indemnización por años de servicio, algunos considerablemente más flexibles que el chileno e incluso otros países, como Dinamarca, Finlandia o Islandia, prescinden completamente de este tipo de normativa. En el extremo opuesto se encuentra el sistema chileno, caracterizado por su rigidez y alto costo: en términos generales, contempla el pago de un mes de remuneración por cada año trabajado, con un tope de 11 meses y hasta 90 UF mensuales, calculado sobre la última remuneración del trabajador. Por ejemplo, un trabajador con un salario final de $900.000 podría llegar a recibir hasta $9,9 millones por este concepto.

Según cifras del Banco Mundial, Chile presenta la indemnización por años de servicio más elevada de la OCDE. Por 10 años de antigüedad laboral, corresponde una compensación equivalente a 43,3 semanas de salario, en contraste con el promedio OCDE, que asciende a 13,8 semanas.

En comparación, países como Estonia contemplan una indemnización de un mes de salario, con la posibilidad de sumar un mes adicional en caso de una antigüedad laboral entre 5 y 10 años. En Irlanda, el cálculo se basa en una semana por año trabajado, más dos semanas adicionales. En Canadá, dependiendo de las disposiciones provinciales, la compensación puede oscilar entre 5 y 40 días de salario. En todos estos casos, se trata de sistemas más flexibles y adaptables que el chileno.

En consecuencia, la propuesta parlamentaria se aparta no sólo de las recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE —que sugiere extender la cobertura del seguro de cesantía y reducir las indemnizaciones por despido—, sino también de la tendencia observada en numerosos países europeos que han optado por reducir o eliminar este tipo de indemnizaciones, privilegiando mecanismos más sostenibles y equitativos de protección al trabajador.

Por otro lado, la eliminación del límite a la indemnización por años de servicio tendría un impacto particularmente dañino en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 98,3% del total de empresas del país, según datos del Banco Central. Esta situación resulta especialmente compleja en un contexto donde el país ya está avanzando en la implementación de una serie de reformas que incrementan los costos laborales, tales como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la reforma al sistema de pensiones. Incorporar nuevas cargas económicas sin considerar la capacidad de absorción de las pymes podría traducirse en mayor presión sobre el empleo, incentivando despidos, contracción en las contrataciones y ajustes en las planillas salariales.

Por Esteban Ávila, abogado, LyD