Si bien no ha sido un tema prioritario en las campañas presidenciales, tras años de cuantiosos recursos invertidos y de varias reformas implementadas, es necesario preguntarse sobre el estado de la educación en el país. ¿Pasa esta por una crisis? ¿Avanzamos en la dirección correcta?

En educación preescolar, etapa clave para enfrentar las brechas que tanto cuesta cerrar más adelante, en los últimos años se registra una preocupante caída en la cobertura. Según cálculos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, el acceso a prekínder se desplomó desde 93,4% en 2019 hasta 82,1% en 2024, con una caída de 7,2 puntos porcentuales solo el último año. Se trata de una cifra alarmante si consideramos que este es el nivel de entrada al sistema escolar que, en paralelo, ya enfrenta sus propios desafíos.

Aquí, las mediciones muestran el persistente debilitamiento en la asistencia escolar, que no ha logrado reponerse hasta el nivel prepandemia. En 2025, 3 de cada 10 estudiantes presentan inasistencia grave y 115 mil perdieron más de la mitad del primer semestre, situación que incluso empeora en establecimientos públicos. El desempeño del sistema escolar exhibe además un deterioro, que se evidencia en el estancamiento en los resultados del Simce, la caída en el ranking de los Liceos Emblemáticos y la normalización de hechos de violencia en el espacio escolar, con episodios tan graves como la agresión a profesores y la quema de una treintena de adolescentes producto de la manipulación de artefactos incendiarios en el INBA. Mientras tanto, los directores escolares denuncian el empeoramiento en las condiciones para la enseñanza y la creciente sobrecarga burocrática, desconfianza y falta de herramientas para desplegar su liderazgo, tan necesario para hacer frente a situaciones como las descritas.

Y, todo esto, en un contexto regulatorio que limita el surgimiento de iniciativas educativas que ofrezcan a las familias aquello que la oferta disponible no les está brindando. No solo por la prohibición explícita que hoy existe de crear nuevos colegios subvencionados –salvo excepciones que deben demostrarse-, sino también debido al sistema de admisión centralizado que, al ser ciego a variables como el nivel académico y la afinidad del postulante al proyecto educativo del establecimiento, en la práctica hace prácticamente imposible sostenerlo. Así, frente a opciones cada vez más escasas, la libertad de elección que resguardan tratados internacionales y nuestra propia Constitución, en los hechos pierde valor.

Frente a la importancia de la educación en el desarrollo individual y social, cada uno de estos ámbitos esconden dramas personales y familiares que –adjetivos más, adjetivos menos- es indudable que representan una amenaza para el futuro del país. Es de esperar que los candidatos asuman este diagnóstico con responsabilidad y que ofrezcan al país las medidas necesarias para enmendar el rumbo.

Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo