SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno ingresó un proyecto de ley que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de los precios de la electricidad a clientes regulados. Si bien el objetivo es loable, puesto que, de no mediar intervención pública, los precios subirán en torno a 40% en 2022, afectando principalmente a los más vulnerables, el mecanismo propuesto adolece de fallas. Me centraré en una: la focalización.

Básicamente, se propone que medianos y grandes consumidores de energía paguen un cobro adicional permanente -un nuevo impuesto- para crear el fondo de hasta 2.000 millones de dólares que subsidiará a los clientes regulados (fundamentalmente hogares).

Según el mensaje del proyecto de ley, el mayor subsidio lo recibirá el grupo de menor consumo, que agrupa al 80% de los clientes regulados. Por lo tanto, es un subsidio generalizado.

Si bien el volumen de consumo se relaciona con la condición socioeconómica, no necesariamente un hogar de bajo consumo es un hogar vulnerable, considerando que hay más de 200 mil hogares unipersonales en el decil más rico, según la encuesta Casen. Así, se dedican cuantiosos recursos a subsidiar hogares que no son vulnerables, algunos de los cuales podrían incluso estar en el extremo superior de la distribución de ingresos.

Un mejor diseño es hacer una transferencia directa a hogares más vulnerables, para que hagan frente al aumento del costo de la vida, evitando la filtración de subsidios a hogares que no lo necesitan.

Corregir posteriormente la focalización de un subsidio mal diseñado es difícil, puesto que retirar un beneficio a quién lo recibe y no lo necesita es muy impopular. No caigamos en eso, hagámoslo bien desde el principio.

Soledad Hormazábal

Investigadora Horizontal